La actividad parlamentaria sigue su curso en el Congreso, esta semana trataremos diversos temas, desde la delimitación de los espacios marítimos de Canarias, el fondo Estatal de acogida e integración y refuerzo educativo de las personas inmigradas, la aprobación definitiva de la Financiación Autonómica y la aprobación en el Congreso para luego pasar por el senado de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Efectivamente, después de 14 meses de trabajo parlamentario, comparecencias de expertos, especialistas sanitarios, y asociaciones representativas, el Congreso de los Diputados reunido en sesión plenaria aprobará el próximo jueves la reforma de la ley de 1985.
El Partido Popular vuelve a quedarse solo ante una reforma legal de la interrupción voluntaria de embarazo, prefiere hacer política de tierra quemada dejándose llevar por la doctrina de la dirección política de la Iglesia Católica con Rouco Varela y Martínez Camino a la cabeza, hacen un ejercicio de fariseísmo político ya que desde que entró en vigor la ley anterior en 1985, han tenido responsabilidades de gobierno y no han tocado ni una coma.
Por el contrario, el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido siempre presente la voluntad de consenso, y lo ha conseguido. Ha sido posible conciliar posturas para que esta ley sea mas equilibrada, una de las más debatidas entre los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes Generales.
Asi se han consensuado enmiendas con 7 formaciones políticas, que han tenido que ver entre otros temas, con la regulación de conciencia de los sanitarios que intervienen directamente en la interrupción voluntaria del embarazo, la financiación de anticonceptivos de ultima generación, la garantía de igualdad en el acceso a la prestación de educación afectivo sexual y la información a los padres o tutores de las mujeres de 16 y 17 años.
Esta ley supondrá un avance histórico, nos homologa con el resto de los países europeos, da seguridad y garantías jurídicas a las mujeres y los profesionales sanitarios y que además hace desaparecer del Código Penal la amenaza de castigo de cárcel para las mujeres.
Ni en este, ni en otros asuntos que beneficie a los ciudadanos está el Partido Popular dispuesto a colaborar con el resto de grupos parlamentarios. De esta manera llegamos a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado día 14 de diciembre, la deslealtad de los populares se vuelve a poner de manifiesto a la hora de avanzar en la lucha contra la crisis y contra el desempleo, máxima preocupación de los españoles. Han puesto sus intereses de presión al gobierno por delante de los trabajadores. No han apoyado el documento final de la Conferencia que contenía el 80% de las propuestas que había echo el PP, es triste y lamentable que antepongan sus intereses partidarios a la posibilidad de consensuar, alegando que les había llegado tarde.
La responsabilidad institucional de los Presidentes Autonómicos de PP, no ha estado a la altura de la preocupación de los ciudadanos en cada uno de los territorios, se han lavado las manos al no responsabilizarse en la lucha contra la crisis con el Gobierno, el resto de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario