viernes, 30 de septiembre de 2011

INFORME DE GESTIÓN IX LEGISLATURA.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.



Compañeras/os.
Presento ante vosotros un informe de gestión que comprende un informe político y dos documentos uno de actividades del Grupo Parlamentario Socialista y otro relativo a mi actividad institucional como Diputado, así como el historial de intervenciones e iniciativas parlamentarias, en la IX Legislatura.

Una legislatura marcada por la crisis financiera que, en España se ceba en el sector inmobiliario, arrastrando a otros sectores complementarios del de la construcción, provocando la perdida de empleo que todos conocemos. Ha sido una legislatura difícil en todos los sentidos y en todos los ámbitos (Corbacho).

La respuesta del gobierno y del grupo parlamentario tiene, desde otoño de 2008 hasta la actualidad, un objetivo básico, luchar contra la crisis, y evitar la intervención del BCE y los ataques a la deuda española. Deuda en la que pesa más la privada que la publica. (Por los ajustes del gobierno) se ha ido reduciendo.

La acción del gobierno siempre ha estado dirigida a la defensa del interés general, porque es en el interés general, donde esta la defensa de los intereses de los trabajadores.

La derecha española y catalana, el PP y CiU, les ha importado bien poco las políticas que como país hemos tenido que hacer, unas por decisión propia como el PLAN E (13.000) M € para obras, gasto corriente y servicios municipales, y otras acordadas en la UE, de la que formamos parte, y buen resultado que nos ha dado.

Compañeros y compañeras.
Ya están convocadas las elecciones generales, todas/os tenemos un gran reto. Es el reto de todo el Partido. Hemos de dar la vuelta a las encuestas.

Escuchando a los ciudadanos, explicándoles lo que hemos hecho y porque. Y proponerles con nuestros candidatos, Rubalcaba y Chacon, los compromisos para salir de la crisis, y que de verdad no la paguen solo los trabajadores, seguro que conseguiremos que los ciudadanos que otras veces nos han dado su apoyo, vuelvan a hacerlo.

La propuesta saldrá de la Conferencia Política que celebraremos este fin de semana en Madrid, y tendrá que ver entre otras con.

1 Ofrecer al partido como herramienta y garante para la salida de la crisis. (Recordemos la del 93)

2 Impulsar una propuesta socialdemócrata, que combine el mercado, los derechos sociales y la igualdad de oportunidades, con la protección social, implantando la “Renta minima universal” en una carta de servicios sociales.
Apostando por sectores productivos que generen empleo, como el turístico, el de la automoción, el de la construcción innovadora y proporcionada, las energías renovables, o la biotecnología, en las que ya somos lideres.

3 Desarrollar el valor de la estabilidad presupuestaria, como garante del “oxigeno del Estado de Bienestar”.

4 Implantar una política de impuestos a los beneficios de los bancos, cuya finalidad sea la creación de empleo.

5 Y garantizar una sanidad publica universal, sin copago ni cierre de hospitales.

Compañeros y compañeras, os aseguro que estos cuatro años en el Congreso me han servido de una experiencia inigualable, sobre todo por poder comprobar que para enfrentarnos a los problemas la derecha y la izquierda tenemos pieles distintas, no olemos igual, nosotros somos de otra pasta, nos importa la gente.

Quiero agradecer vuestro soporte y apoyo para que fuera posible mi elección en 2008, espero poder seguir representándoos en 2011. El camino será duro, creo estar en condiciones de ayudar con humildad a recuperar el terreno perdido.
El PSC lo merece y L´Hospitalet, también

Juntos podemos.

jueves, 22 de septiembre de 2011

22 DE SEPTIEMBRE, ESCAÑO 2610, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. FINAL DE LEGISLATURA




Hoy es jueves, celebramos sesión plenaria ordinaria en el Congreso de los Diputados.
Se acaba la IX legislatura, de la que formo parte como Diputado desde el 1 de abril de 2008.

Desde mi escaño, el 2610 he vivido debates sobre temas muy diversos que tenían mucho interés social.
Desde octubre de 2008 hasta el día de hoy, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista hemos traído a la Cámara políticas de cambio, para guiar al país hacia la recuperación de la economía y el empleo.

La crisis internacional aun no atisba su resolución, pero nosotros hemos planteado un cambio de modelo de crecimiento para España a través de la llamada Ley de Economía Sostenible, que abarca a todos los sectores de la producción, en el que destacan sectores como la investigación, el desarrollo y la innovación, el conocimiento, la industria, la construcción de las infraestructuras y los transportes.

También, y ya en clave final de legislatura, hoy debatiremos y votaremos entre otras iniciativas, la Ley de Salud Publica que completa el Sistema Nacional de Salud, alcanzado la universalidad, cubriendo también a los parados que agotan su prelación por desempleo y a los de larga duración.

Cerraremos la sesión de hoy con el debate y la votación de la recuperación del impuesto de patrimonio, ya que en tiempos excepcionales, son necesarias respuestas excepcionales. Este impuesto se exencionó al 100% en 2007, año de superávit de las cuentas publicas; que al igual que también bajamos el IRPF a las rentas del trabajo, recuperándolos después por la crisis y la bajada de los ingresos.

El impuesto de patrimonio debe servir a las CC.AA, que son las que gestionan e ingresan, para evitar los recortes que se están produciendo en el sistema sanitario, de educación y de servicios sociales, en Madrid, Cataluña, Galicia y otros territorios.

Hoy me despido de todos/as los compañeros de la Cámara, con el convencimiento de haber hecho lo mejor por el interés general, que es donde están los intereses de los trabajadores, aunque algunos sectores no lo vean de esta manera.

Ojala pueda volver como Diputado electo por la Provincia de Barcelona. El futuro será mejor si esta gestionado por la socialdemocracia, será apasionante volver a trabajar para nuestros iguales. Será un gran reto.

No estamos solos.

José Vicente Muñoz Gómez.

miércoles, 31 de agosto de 2011

LA REFORMA DEL ART. 135 DE LA CONSTITUCIÓN, ES CONSTITUCIONAL.



Este mes de Agosto ha sido movido en cuanto a la economía y la política se refiere, tanto es así que los acontecimiento han llevado al Presidente Zapatero a tomar una decisión que internamente nos ha cogido a todos por sopresa. Mas haya de las formas, y es mi punto de vista, los políticos estamos para tomar decisiones en defensa de los intereses generales,en esta ocasión no son compartidas por diversos colectivos sociales, siendo esta discrepancia digna de todo respeto, el mismo que yo pido para los que acogiendonos a la legalidad del ordenamiento juridico español,tomaremos la decisión de votar "si" a la reforma constitucional del art.135 de nuestra Constitución.
No cabe duda a estas alturas de que estamos ante una situación compleja y difícil, también es cierto que desde que estallo la crisis financiera en los EE.UU., la economía europea esta atravesando por una situación ciertamente complicada. En este contexto, España sufre más que otros países fruto de su modelo productivo, por este motivo, desde el Partido Socialista hemos aprobado en el Congreso de los Diputados la Estrategia de economía sostenible, dentro de la estrategia 2020 de la Unión Europea.
Los acontecimientos del mes de agosto, donde el diferencial de la deuda española con la alemana se disparo por encima de los 400 puntos, supuso el aumento de los intereses financieros por parte del estado y los particulares del 4% al 6%. Las alarmas ya estaban encendidas, y lo demuestra la reunión del Consejo Europeo sobre la deuda Griega de ese mismo mes, y que llego hasta el punto de que alguna agencia de rating bajase la calificación de EE.UU.
Se han producido también bajas cifras de crecimiento en EE.UU., Alemania y Francia, así como ataques a los bancos franceses mientras el diferencial de España e Italia se disparaban.
Una situación grave, que el gobierno ataja con nuevas medidas de ajuste en los ingresos del estado, adelantando el pago de las grandes compañías españolas, rebajando la factura farmacéutica, estimando un ahorro de 2.500 Millones de Euros, mientras el BCE compra deuda de Grecia, Italia, Portugal y España, para aumentar la confianza de los inversores.
En el contexto europeo, la reforma de las Constitución de Alemania, que la reformo en 2009, la reforma de la Española y el anuncio de Francia e Italia de reformar también las suyas, es un dato que no hay que minusvalorar.
España incluye el principio de estabilidad presupuestaria en nuestra Constitución pensando en el presente y el futuro de todos los españoles, para evitar que nuevas tensiones en los mercados financieros que no podemos predecir temporalmente pongan el riesgo en las políticas sociales. El enfadamiento, no es el oxigeno del Estado de Bienestar. El oxigeno del Estado del Bienestar es la política fiscal y de ingresos para darle soporte, la creación de empleo y una economía saneada.
No nos tenemos que sentir incómodos en el debate, ya propusimos y aprobamos la Ley de estabilidad presupuestaria con el voto en contra del PP, con ella hemos desarrollado una parte muy importante de políticas sociales, que hemos de consolidar, una deuda excesiva puede ser la causa de la inviabilidad de las finanzas publicas y con ello las políticas de bienestar a las que aspiramos.
La crisis nos esta llevando hacia los arrecifes, necesitamos un cambio de rumbo, la argumentación habrá de ser política, hemos de poner toda nuestra fuerza que la tenemos, para situar nuestras explicaciones a los ciudadanos en toda su crudeza, decir la verdad de la situación y reforzar el liderazgo de nuestro candidato.
Acabo con una declaración que creo en este momento procedente.
Yo no me siento para nada traicionando a nadie, votando afirmativamente la reforma del Articulo 135, al contrario, cumplo la Constitución, justo lo que prometí el día 1 de Abril de 2008 en la toma de posesión de mi escaño en el Congreso de los Diputados.
“Prometo, cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado”.
José Vicente Muñoz Gómez
Diputado Socialista en el Congreso

martes, 19 de julio de 2011

19 DE JULIO, UN DIA DESPUES.



Escribo estas líneas en el Congreso de los Diputados, el día 19 de Julio de 2011, justo un día después del día que nos recuerda el 75 aniversario en el que una parte del ejército español dio un golpe de Estado, al levantarse en armas contra la autoridad legitima de la Republica Española y, al mismo tiempo, que planificaron la desaparición y el exterminio de los defensores de la democracia y la libertad.

Lo escribo unos días después, porque el día 18 estaba triste. Tengo sobrados motivos para estarlo y para no querer olvidar lo pasado, ya que no quiero olvidar ni el sufrimiento, ni el pesar, ni el dolor y la muerte de muchos ciudadanos españoles, entre ellos mi abuelo materno, José Gómez Correa.

Gracias al Centro De Estudios Andaluces y al investigador José María García Márquez, sabemos mi familia y yo que fue asesinado por Bando de Guerra, el 12 de Septiembre de 1936; y con él muchos hombres de la Puebla de Cazalla sucumbieron bajo las armas de los golpistas.

Aun hoy existen muchas familias, que no saben donde están sus familiares desaparecidos, desterrados, encarcelaron o asesinados.

Es por eso que nuestra memoria debe de refrescarse, no ya para incitarnos a la revancha, pero si para que cada uno sepa que es lo que ocurrió para que una decisión democrática del pueblo español fuera combatida con un golpe de Estado, que condenó a algunas generaciones a la miseria, la incultura y a la muerte.

Se levantaron contra el régimen republicano, que hubiera dado pasó a una de las democracias más modernas en Europa. Situaba a España a la altura de los países más desarrollados, en materia de derechos civiles, igualdad entre hombre y mujer; así como en la Constitución de 1931 se consagraba la paz como valor del Estado o la instauración de la prensa libre.
En 1932, se reconoció el derecho a constituir autonomías. Así, Cataluña aprobó su Estatuto de Autonomía ese mismo año y Euskadi y Galicia en 1936, aunque el gallego no llegó a entrar en vigor porque el golpe triunfó en Galicia.
En el aspecto educativo y cultural se basaba en erradicar el retraso que la población arrastraba, se acometió entones la creación de escuelas, la enseñanza primaria era gratuita y se proyectaron las misiones pedagógicas con la participación de Federico García Lorca y Antonio Machado, con este proyecto se pretendía llevar a la España rural, bibliotecas, música, teatro, etc.

En lo que se refiere a la laicidad del Estado, la Republica se constituyó como un estado sin religión oficial, con educación laica y libertad religiosa.

Los hombres y mujeres que lucharon por la libertad, la democracia y la justicia social, han de tener en nosotros los continuadores de sus sueños para conseguir un país a la altura democrática, social, cultural y política que ellos no pudieron ver.

Salud y libertad.
Inmemorian


Madrid 19 de Julio de 2011

viernes, 8 de julio de 2011

BALANCE DE POLITICAS SOCIALISTAS EN MATERIA DE DISPACIDAD 2008/2011





El pasado 7 de Julio tuve el honor de hablar y compartir unas horas con la Asociación "ENTRE TOTS" de personas con discapacidad en Vilafranca del Penedes, quiero agradecer a Carme Garrido su presidenta la oportunidad de poder explicar la ingente labor efectuada desde 2004 hasta 2011 desde el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero en relación a las personas con discapacidad y sus familias, nunca antes fue tan productiva la acción política en esta materia.


• El Gobierno socialista ha demostrado su claro compromiso con el objetivo de la mejora efectiva de las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad durante la primera legislatura. En ella se aprobaron un paquete de normas de gran calado alrededor de tres áreas: la atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia, la implantación efectiva de la accesibilidad universal y el empleo de las personas con discapacidad.

• En este sentido, es necesario destacar diversas medidas:

-La Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

-La Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

-La Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo, que ha supuesto el establecimiento de ayudas al empleo de las personas con discapacidad, así como importantes bonificaciones para la contratación indefinida. De hecho, se invierten cerca de 500 millones de euros anuales para facilitar la contratación a través de bonificaciones y de subvenciones.

-La Ley 8/2005 ha hecho que sea posible compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.

-La Orden APU/3416/2007 que asegura la reserva de un cupo no inferior al 5% de las vacantes en las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso o el acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado de personas con discapacidad.

-El Real Decreto 469/2006 por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo y el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

-El Plan de Acción 2006 para las mujeres con discapacidad, que incluye un área específica con el objetivo de adecuar las políticas de empleo para evitar la denominada doble discriminación.

• También ha sido especialmente notable la intensa acción legislativa que incide transversalmente en el marco de integración social de las personas con discapacidad. Como en el caso de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación; la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo.

Medidas adoptadas por el Gobierno durante la segunda legislatura en materia de discapacidad

• La apuesta del Gobierno socialista por la política social se refleja en la evolución del presupuesto destinado. Desde el año 2004 el Gobierno socialista ha venido destinando el 50% de los presupuestos generales del Estado a la política social, es decir, 1 de cada 2 euros del presupuesto se invierten en política social; en el año 2010, la inversión ha sido aún proporcionalmente mayor, destinándose el 51,8%, más de la mitad del presupuesto total, lo que supone 1,18 euros de cada 2.

En este sentido, debe destacarse igualmente el progresivo y notable aumento de la financiación en el desarrollo de la Ley de Dependencia, que en total ha supuesto 5.242,6 millones de euros (más de 870 mil millones de ptas), muy por encima de lo previsto en la Memoria Económica de la Ley (ver cuadro 1).

Cuadro 1: Financiación del Ministerio de Sanidad y Política Social en la Ley de Dependencia

Año
Memoria Económica de la Ley Financiación Gobierno Incremento sobre Memoria Económica (%)
2004 0
2005 50 millones de euros
2006 200 millones de euros
2007 400 millones de euros 400 millones de euros
2008 678,685,397 euros 871 millones de euros 28,3 %
2009 979,364,617 euros 2050 millones de euros 109,4%
2010 1,160,330,812 euros 1671,2 millones e. 44%


Cuadro 2: Reparto de fondos 2011 (en euros)


Comunidades y Ciudades Autónomas Fondo General (80%) Fondo compensación (10%) Fondo cumplimiento de acuerdos (10%) Total
Andalucía 58.358.679 4.826.066 7.494.928 70.679.673
Aragón 9.026.896 987.082 1.358.782 11.372.760
Asturias 5.940.258 807.197 787.743 7.535.198
Balears 3.850.169 578.721 786.607 5.215.497
Canarias 5.539.496 1.037.438 593.811 7.170.745
Cantabria 4.361.438 394.141 882.037 5.637.616
Castilla
y León 18.638.710 2.153.384 1.743.106 22.535.200
Castilla-La Mancha 13.457.092 1.433.201 2.001.594 16.891.887
Cataluña 37.897.712 4.907.597 5.389.669 48.194.978
Comunidad Valenciana 16.059.516 3.149.338 1.513.019 20.721.873
Extremadura 6.839.401 813.668 829.109 8.482.178
Galicia 13.731.027 2.385.509 1.513.487 17.630.023
Madrid 22.322.704 3.705.799 1.044.694 27.073.197
Murcia 7.326.765 841.495 1.664.584 9.832.844
La Rioja 2.667.328 229.801 628.427 3.525.556
Ceuta
y Melilla 540.745 69.305 88.145 698.195
Total 226.557.936 28.319.742 28.319.742 283.197.420


Cuadro 3: Catalunya. Información presupuestaria


Presup.
2007 Presup. 2008 Presup. 2009 Presup. 2010 Presup. 2011(*) TOTAL TRANSFE-RIDO
NIVEL MÍNIMO 11.536.201 75.588.502 213.257.333 285.582.329 95.948.079 681.912.445
NIVEL ACORDADO 32.393.438 39.332.134 47.450.632 49.390.225 48.194.978 216.761.407
PLAN E 61.965.893 61.965.893
TOTAL 43.929.639 114.920.636 322.673.858 334.972.554 144.143.057 960.639.745


• El Gobierno socialista ha mantenido el compromiso demostrado en 2004-2008 con la integración y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad durante la segunda legislatura. Así, el programa electoral del año 2008 incluía varias medidas que afectaban a este colectivo, alrededor de las siguientes áreas: derechos de ciudadanía, fortalecimiento de las ayudas a las familias de personas con discapacidad, calidad de vida digna, medio rural, deporte y ocio inclusivo.

• Desde las elecciones de 2008, el Gobierno ha puesto/está poniendo en marcha gran parte de esas iniciativas, además de otras adicionales/complementarias que no se contemplaban inicialmente en el programa electoral. La actual situación de crisis económica mundial sin duda ha alterado las líneas de actuación y las prioridades presupuestarias. Como consecuencia de los efectos de la crisis, se han tenido que primar iniciativas en materia de empleo, por ejemplo, o en el ámbito de la inclusión. Se han priorizado las políticas destinadas a los ciudadanos, pero especialmente a los más vulnerables, los que antes pierden el empleo o antes se ven sometidos a situaciones de mayor vulnerabilidad.

• Gran parte de las medidas adoptadas en estos dos años se proponen dar cumplimiento a los compromisos electorales previstos en el programa de 2008.

• Pero además, el Gobierno ha consolidado su actuación en este ámbito y ha manifestado el carácter prioritario a largo plazo que se concede a estas políticas. Así, se ha creado la Comisión de Seguimiento para la Agenda Política de la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal y el Consejo Nacional de la Discapacidad, y se ha aprobado el III Plan de Acción para las personas con discapacidad.

Medidas que dan cumplimiento a compromisos electorales de 2008

En el ámbito del empleo, el Gobierno ha puesto en marcha numerosas iniciativas, a las que se ha dado prioridad para hacer frente a la crisis, yendo mucho más allá de los compromisos adquiridos en el programa electoral de 2008.

• En el año 2008, antes de las elecciones generales, se aprobó la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, con una dotación de 3.700 millones de euros. Sus objetivos generales son aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la inserción laboral de las personas con discapacidad, y mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación. La estrategia define en términos generales las siguientes líneas de actuación:

-Remover las barreras socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas como de comunicación, que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

-Potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad para favorecer su empleabilidad.

-Diseñar nuevas políticas activas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar su gestión.

-Promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.

-Renovar el empleo protegido, preservando el dinamismo en la generación de empleo alcanzado en los últimos años y favoreciendo un mayor tránsito hacia el empleo ordinario.

-Mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, en particular combatiendo activamente su discriminación en el mercado de trabajo.

-Mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad como la coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las administraciones públicas.


• Plan de Acción para el Empleo de personas con discapacidad 2009/2010: para la ejecución de estas directrices era necesario definir medidas de actuación concretas a través de este Plan, que recoge las líneas de actuación diseñadas en la Estrategia, que son aumentar las tasas de actividad y de ocupación, mejorar la calidad en el empleo y dignificar las condiciones de trabajo.



• Así mismo, el Gobierno se propone aumentar por ley del 5 al 7% las plazas públicas de la Administración General del Estado reservadas para este grupo social. De ellas, el 2% para discapacitados intelectuales. Se garantiza por ley algo que ya se está haciendo en la práctica.

En el ámbito de los derechos civiles son también numerosas y de gran trascendencia las medidas adoptadas.

• Mejora de la protección civil y patrimonial de las personas con discapacidad-La Ley 1/2009[1] persigue un doble objetivo: Mejorar la eficacia de la publicidad del Registro Civil (donde están inscritas las sentencias de modificación de la capacidad de obrar y la constitución de organismos tutelares y de representación) y facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad. También se ha creado la Comisión de Protección Patrimonial).

Nota: la regulación del tratamiento fiscal de estos patrimonios aún no está hecha.

• Mejora de la accesibilidad física y en las comunicaciones:

-Aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que regula el subtitulado y la audiodescripción.

-Desde 2008 se han puesto en marcha reales decretos de accesibilidad en edificios, transportes y sociedad de la información.

-Así, el Ministerio de la Vivienda, una vez aprobado en Consejo de Ministros el Código Técnico de la Edificación, ha establecido como obligatorio la accesibilidad en todas las edificaciones de nueva construcción desde el 1 de enero de 2010.

-Así mismo, se ha desarrollado el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.

-Se han puesto en marcha Centros de Referencia, por ejemplo el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya) como referente en la accesibilidad audiovisual y el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), que impulsa la adaptación y el Diseño para Todos de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad.

-Muy recientemente se han aprobado un Real Decreto y una Orden que regulan las condiciones básicas de accesibilidad a la edificación y el urbanismo en todo el territorio nacional, como mínimos comunes.

-Así mismo y, en virtud de normativa de 2008 y 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio otorga subvenciones a proyectos y acciones que impulsen la incorporación y permanencia en la sociedad de la información de las personas con discapacidad y las personas mayores.

-En las líneas de actuación del Plan Avanza 2 se contempla la puesta en marcha de un conjunto de medidas que favorezcan la inclusión de ciudadanos con necesidades especiales en la sociedad de la información, adaptadas a cada uno de los colectivos donde se produce una diferencia en el uso de las nuevas tecnologías.

-El Gobierno está trabajando con los actores implicados para la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que en los edificios se pueda instalar una rampa o un ascensor que garantice la movilidad de las personas discapacitadas sin causar un grave perjuicio económico a la comunidad de vecinos.

-Por último, el Gobierno está trabajando para garantizar en el año 2014 la accesibilidad universal de los servicios ferroviarios. Recientemente se ha firmado un protocolo por parte de la Ministra de Sanidad y Política Social y el Ministro de Fomento para avanzar en ese sentido, asegurando la accesibilidad de los servicios 6 años antes de lo exigido por la normativa europea.

En el área de fortalecimiento de las ayudas a las familias de personas con discapacidad, el Gobierno ha garantizado y ampliado el apoyo a este colectivo, incluso en las actuales circunstancias de crisis económica, con medidas como:

• Mejora de las prestaciones por maternidad y la baja de paternidad en caso de nacimiento de hijos con discapacidad por el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.


• La revalorización de las pensiones y de otras prestaciones sociales públicas en el caso de familias con hijo o menor acogido a cargo con discapacidad para 2010 con el Real Decreto 2007/2009[2].

• Revalorización del Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte.


La aprobación del Informe para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad (Consejo de Ministros, 30 de marzo de 2010).

La aprobación del Informe para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad (Consejo de Ministros, 30 de marzo de 2010).
• Hay que recordar que España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, el 30 de marzo de 2007, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español.

• El 10 de julio de 2009, el Consejo de Ministros acordó la creación de un grupo de trabajo interministerial a fin de realizar un estudio integral de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU. La labor realizada por este grupo se recoge en el informe aprobado, que contiene las medidas legislativas necesarias para adaptar nuestra legislación a la citada Convención.

• Uno de los principales aspectos a destacar del Informe es la necesidad de modificar determinadas normas, con previsiones que van más allá de la propia Convención y, por tanto, de los mínimos establecidos en la misma.

• El proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en estos momentos esta en tramite parlamentario, contiene buena parte de las propuestas que integran el informe aprobado por el Gobierno

Principales propuestas

• En materia de principios básicos, se establecerá una nueva definición del concepto de persona con discapacidad, que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades. Se busca una definición más amplia del concepto de persona con discapacidad, que no se ciña exclusivamente al ámbito de aplicación de esta Ley.

• En el ámbito sanitario se introducen medidas para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos. También se incluye la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias; las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles.

• En legislación civil, mercantil y penal las propuestas de reforma incluidas en el informe aprobado hoy afectan sobre todo a cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad. Hay que eliminar de las normas los términos peyorativos como “incapaz” o “minusválido” y sustituirlos por “persona con discapacidad”.

• Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al 7% y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para las empresas con más de 50 trabajadores.

• El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, debido a la complejidad de estos temas.

• Para acabar quiero transmitiros el más firme compromiso y el del PSC en la lucha por conseguir las metas necesarias para que el colectivo diverso que forman las personas con discapacidad en Cataluña y España alcancen las mayores cuotas de bienestar y de igualdad que merecen.



José Vicente Muñoz Gómez
Diputado por Barcelona en
El Congreso.

martes, 28 de junio de 2011

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN, ZAPATERO RINDE CUENTAS.




Transcurrido un año desde la celebración del último debate de política general, el Gobierno solicita de la Cámara la celebración del correspondiente a 2011, con el propósito de dar cuenta de la gestión realizada en los últimos doce meses y de plantear sus objetivos para el tramo final de la legislatura. Será una nueva ocasión para destacar la importancia de los debates parlamentarios y del papel de los grupos políticos, manifestando pública y contrastadamente su apoyo o su crítica a la acción del Gobierno, como elemento fundamental del sistema democrático.

El último año ha seguido marcado decisivamente por la crisis económica. Y si bien es cierto que, durante este tiempo, se ha confirmado el tránsito de la recesión a la recuperación, esta evolución favorable del crecimiento, aún demasiado lenta, no ha producido el efecto deseable en la reducción del desempleo, que permanece en tasas inasumiblemente altas. El contexto internacional, en particular el europeo, también ha seguido teñido por la incertidumbre vivida en el mercado de las deudas soberanas, avivada con el rescate, primero, de Irlanda y después de Portugal, y con las dudas sobre la capacidad de Grecia de atender sus obligaciones financieras con el programa de ayudas aprobado.

La acción del Gobierno ha seguido volcada en la lucha contra la crisis, para consolidar e impulsar la recuperación, y para situar a nuestro país en una senda de crecimiento sostenible capaz de volver a crear empleo. En este sentido, y de acuerdo con la Estrategia de la Economía sostenible, presentada ante la Cámara en diciembre de 2009, y con los demás compromisos asumidos durante 2010 en los debates y comparecencias parlamentarias, incluido el último Debate sobre el estado de la nación, la actuación del Ejecutivo ha estado permanentemente guiada por el triple objetivo de aplicar el riguroso programa de consolidación fiscal que nos lleve a reducir el déficit público de acuerdo con el ritmo preciso, completar todas las reformas modernizadoras previstas para acelerar el necesario cambio de nuestro modelo productivo, y hacer todo ello preservando la cohesión social.

Como resultado de las medidas de austeridad aplicadas a lo largo de 2010, las administraciones públicas han logrado cumplir con la primera etapa de la senda de consolidación fiscal, reduciendo el déficit público en más de 19 mil millones de euros, hasta el 9,2% del PIB. Esta cifra se encuentra ligeramente por debajo del objetivo establecido y, para su consecución, ha sido fundamental el esfuerzo realizado por parte de la Administración Central. Para el año 2011, el objetivo es alcanzar un déficit público del 6% del PIB, lo que supone rebajar ese déficit en 32 mil millones adicionales. Para lograrlo, será necesario asegurar el concurso activo de todas las administraciones, dado el alto grado de descentralización fiscal de España. En lo que se refiere a la Administración Central, el Gobierno presentó para 2011 un presupuesto muy restrictivo, con una reducción global del gasto del 7,9%, continuando con el esfuerzo de austeridad iniciado en el ejercicio anterior.

En cuanto a las reformas, la actividad del Gobierno y, como consecuencia de ella, de las propias Cámaras, ha sido tan intensa, y tan relevante, durante el último año, como pondría de manifiesto la simple enumeración de las iniciativas legislativas adoptadas.
Entre las que merecen una atención especial, en materia laboral y de seguridad social, hay que señalar la Reforma Laboral, cuya ley se aprobó en septiembre de 2010, y su desarrollo reglamentario, realizado en los meses siguientes. Su objetivo es favorecer la creación de empleo, de un empleo estable, en cuanto la intensificación de la actividad lo haga posible.



Con posterioridad, el pasado mes de febrero el Gobierno suscribió, con los interlocutores sociales, el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. Fruto del mismo, fue la inmediata aprobación de la reforma de las Políticas Activas de empleo, para favorecer la empleabilidad de los trabajadores y mejorar el funcionamiento y coordinación de los Servicios Públicos de Empleo. Con la reforma de la negociación colectiva, aprobada recientemente, se pretende dar solución a las deficiencias que tanto las instituciones internacionales como los propios agentes sociales reconocían en nuestro sistema de negociación, mejorando la flexibilidad interna de las empresas. Igualmente en el ámbito socio-laboral, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de ley para garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones, cuyo contenido también trae causa del citado Acuerdo Social y Económico.

En este periodo, el Gobierno ha aprobado también un Plan de Reforzamiento del Sector Financiero para fortalecer la solvencia de las entidades de crédito. Su objetivo es garantizar la canalización de sus recursos a la llamada economía real. El plan incluye diversas fases y medidas que se están ejecutando, conforme a lo previsto, bajo la supervisión del Banco de España.

Durante el último año, la actividad reformadora del Gobierno se ha extendido a otros ámbitos clave para mejorar la competitividad de la economía española, como la industria, la innovación y la internacionalización de nuestras empresas. En materia industrial, el Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Política Industrial que engloba un conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar la competitividad de la industria y a aumentar su peso en nuestra economía. Asimismo, remitió a las Cámaras el proyecto de una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya aprobada, en la que se reforma la carrera investigadora, y creó la Agencia Española de Investigación. Finalmente, el Gobierno ha convertido al ICEX en una empresa pública estatal, con el objetivo de que preste un mayor apoyo a las empresas en proceso de internacionalización.

La tercera gran prioridad de la política económica desarrollada durante el último año ha sido el mantenimiento de la cohesión social. Ello explica que, en el muy restrictivo contexto presupuestario actual, el gasto social haya alcanzado el 58% del gasto público total en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, aumentando un 1,3% respecto al ejercicio anterior; que se haya reforzado la cobertura a las personas en situación de desempleo, con nuevas prestaciones; que se haya incrementado el gasto en becas; y que se haya dado cumplimiento al calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, incorporando a las personas con dependencia moderada e introduciendo mecanismos para aumentar la eficiencia del sistema, entre otras decisiones adoptadas. Si las medidas vinculadas a la situación económica y al empleo han sido las que han merecido la atención preferente del Gobierno, éste se ha ocupado, en el año transcurrido, de otras cuestiones también relevantes para la convivencia.

El Gobierno ha proseguido con su programa de ampliación de derechos, proponiendo a las Cortes nuevas leyes en ámbitos en los que esa ampliación es posible e, incluso, viene demandada por la propia Constitución: así, en materia de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas; o, más recientemente, con el proyecto de ley integral de igualdad de trato, cumpliendo con el compromiso derivado de la normativa europea de profundizar en la prevención de todas las manifestaciones de las conductas discriminatorias; o con la adecuación de la normativa española a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; o, en fin, remitiendo a las Cámaras el proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
Igualmente, en este año se ha desarrollado un esfuerzo especial en materia de justicia, traducido en la presentación de reformas de alcance destinadas a agilizar y modernizar su funcionamiento, como el proyecto de ley del registro civil, los proyectos de arbitraje y de mediación, el proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el de la jurisdicción social o el proyecto de ley concursal. En todos ellos ha estado, y está, muy presente la voluntad de alcanzar el mayor acuerdo posible con los grupos parlamentarios.

Asimismo, el Gobierno ha mantenido su estrategia de lucha contra el terrorismo, tanto mediante la eficaz actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como mediante la colaboración internacional y la adopción de una reforma legal que persigue evitar cualquier posibilidad de burlar la exclusión de la vida institucional de aquellas organizaciones que no rechacen la violencia. De acuerdo, siempre, con la Constitución y las leyes, y las decisiones de los tribunales en aplicación de ambas, el Gobierno permanece fiel a esta línea de actuación, para la que espera seguir contando
con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas de las Cámara; como, igualmente, para la aprobación de la Ley de reconocimiento y protección a las víctimas, que se encuentra en tramitación ante la misma.

En el ámbito internacional, ha tenido continuidad la participación de España en diversas misiones de paz y mantenimiento de la seguridad, avaladas por Naciones Unidas y acordadas en el marco de la Unión Europea y de la OTAN. En particular, la situación desencadenada en el Magreb a partir de las manifestaciones y demandas de democracia por parte de los ciudadanos ha llevado a la necesidad de intervenir en Libia, decisión aprobada por el Congreso y cuya prórroga se ha solicitado recientemente.

La culminación del ambicioso proceso de reformas emprendido, lo que implica y requiere un variado conjunto de actuaciones, que comprende desde la adopción de nuevas iniciativas para completar dicho proceso, hasta la aprobación definitiva de diversas leyes pendientes de tramitación, pasando por el desarrollo reglamentario y aplicación de las ya vigentes, centrará la tarea del Gobierno en la última parte de la Legislatura.

Junto a ello, resulta también indispensable seguir ejecutando sin interrupción, al ritmo y de acuerdo con los compromisos asumidos, el programa de reducción del déficit público. Y, por último, el Gobierno pretende, asimismo, culminar su agenda legislativa sobre la ampliación de los derechos cívicos y sociales.

Para todo ello, el Gobierno solicitará en el Debate sobre el estado de la nación la colaboración de los diversos Grupos parlamentarios con sus aportaciones o sus alternativas, y se mostrará receptivo y abierto a las mismas, especialmente en relación con la que constituye nuestra principal preocupación —que lo es de toda
la sociedad española—, la lucha contra el paro.

martes, 21 de junio de 2011

SISTEMA SANITARIO Y DISCAPACIDAD VISUAL.


-PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL EN BRAILLE.

Sin prisa pero sin pausa, las políticas destinadas a las personas con discapacidad se estan abriendo paso, en este caso las personas ciegas o deficientes visuales han sido protagonistas de los debates en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, es por eso que publico hoy mi intervención como portavoz del Grupo Socialista en esta proposicion no de ley.

Señoras y señores diputados, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds por la presentación de esta PNL, a doña
Nuria Buenaventura por la disposición que ha tenido también durante esta mañana y esta tarde para llegar a un acuerdo en una enmienda que no es que modifique sino que amplía la proposición no de ley que ha presentado dicho grupo. Con esta proposición no de ley, aproximadamente las 70.000 personas ciegas o con discapacidad visual en España tienen una atención especial por parte del grupo proponente, pero también por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara. La posición del Grupo Parlamentario Socialista va a ser a favor de
esta iniciativa. Pero también queríamos matizar y aprovechar el cambio en la ley que pide esta proposición para realizar esa modificación en algunos aspectos. El primero sería, lógicamente, que las tarjetas sanitarias individuales tuvieran no solamente la imagen corporativa de las comunidades autónomas, que son las emisoras de las mismas, sino también, y en Braille, la del Sistema Nacional de Salud.

El momento procesal en el que se presenta es pertinente, puesto que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad tiene previsto, para lo que resta de legislatura, garantizar la universalización de la cobertura sanitaria, que ayer en el Pleno del Congreso tuvimos también la ocasión de discutir. Independientemente del rango de la ley que regule este asunto, lo cierto es que puede implicar modificaciones de ese real decreto y, por tanto, no convendría hacer dos modificaciones en un mismo año, por lo que viene bien para poderlo hacer en un mismo proceso.

En esas modificaciones hay que definir también que el Real Decreto 183/2004 pasa por la discusión, la negociación y el acuerdo con las comunidades autónomas, que son, como decía anteriormente, las emisoras de dicha tarjeta, al objeto de lograr en un tema de estas características el mayor consenso posible. Ya se ha iniciado el debate de la propuesta, que ahora estamos discutiendo en el Parlamento —y hay diferentes asociaciones que también han manifestado y propuesto los cambios en las tarjetas para facilitar su identificación—, con las comunidades autónomas y con la participación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, siendo conveniente que en un plazo razonable de tiempo se alcance un acuerdo para que pueda estar en vigor antes de que finalice esta legislatura. Esto ha de hacerse, lógicamente, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Como no podría ser de otra forma, convendría también —y así lo apuntamos en el acuerdo al que hemos llegado con el grupo proponente— que la ONCE pueda ser una entidad colaboradora para la consecución de este
objetivo, ya que, como todo el mundo sabe, la mayoría de los ciegos españoles están vinculados a esta organización.