Transcurrido un año desde la celebración del último debate de política general, el Gobierno solicita de la Cámara la celebración del correspondiente a 2011, con el propósito de dar cuenta de la gestión realizada en los últimos doce meses y de plantear sus objetivos para el tramo final de la legislatura. Será una nueva ocasión para destacar la importancia de los debates parlamentarios y del papel de los grupos políticos, manifestando pública y contrastadamente su apoyo o su crítica a la acción del Gobierno, como elemento fundamental del sistema democrático.
El último año ha seguido marcado decisivamente por la crisis económica. Y si bien es cierto que, durante este tiempo, se ha confirmado el tránsito de la recesión a la recuperación, esta evolución favorable del crecimiento, aún demasiado lenta, no ha producido el efecto deseable en la reducción del desempleo, que permanece en tasas inasumiblemente altas. El contexto internacional, en particular el europeo, también ha seguido teñido por la incertidumbre vivida en el mercado de las deudas soberanas, avivada con el rescate, primero, de Irlanda y después de Portugal, y con las dudas sobre la capacidad de Grecia de atender sus obligaciones financieras con el programa de ayudas aprobado.
La acción del Gobierno ha seguido volcada en la lucha contra la crisis, para consolidar e impulsar la recuperación, y para situar a nuestro país en una senda de crecimiento sostenible capaz de volver a crear empleo. En este sentido, y de acuerdo con la Estrategia de la Economía sostenible, presentada ante la Cámara en diciembre de 2009, y con los demás compromisos asumidos durante 2010 en los debates y comparecencias parlamentarias, incluido el último Debate sobre el estado de la nación, la actuación del Ejecutivo ha estado permanentemente guiada por el triple objetivo de aplicar el riguroso programa de consolidación fiscal que nos lleve a reducir el déficit público de acuerdo con el ritmo preciso, completar todas las reformas modernizadoras previstas para acelerar el necesario cambio de nuestro modelo productivo, y hacer todo ello preservando la cohesión social.
Como resultado de las medidas de austeridad aplicadas a lo largo de 2010, las administraciones públicas han logrado cumplir con la primera etapa de la senda de consolidación fiscal, reduciendo el déficit público en más de 19 mil millones de euros, hasta el 9,2% del PIB. Esta cifra se encuentra ligeramente por debajo del objetivo establecido y, para su consecución, ha sido fundamental el esfuerzo realizado por parte de la Administración Central. Para el año 2011, el objetivo es alcanzar un déficit público del 6% del PIB, lo que supone rebajar ese déficit en 32 mil millones adicionales. Para lograrlo, será necesario asegurar el concurso activo de todas las administraciones, dado el alto grado de descentralización fiscal de España. En lo que se refiere a la Administración Central, el Gobierno presentó para 2011 un presupuesto muy restrictivo, con una reducción global del gasto del 7,9%, continuando con el esfuerzo de austeridad iniciado en el ejercicio anterior.
En cuanto a las reformas, la actividad del Gobierno y, como consecuencia de ella, de las propias Cámaras, ha sido tan intensa, y tan relevante, durante el último año, como pondría de manifiesto la simple enumeración de las iniciativas legislativas adoptadas.
Entre las que merecen una atención especial, en materia laboral y de seguridad social, hay que señalar la Reforma Laboral, cuya ley se aprobó en septiembre de 2010, y su desarrollo reglamentario, realizado en los meses siguientes. Su objetivo es favorecer la creación de empleo, de un empleo estable, en cuanto la intensificación de la actividad lo haga posible.
Con posterioridad, el pasado mes de febrero el Gobierno suscribió, con los interlocutores sociales, el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. Fruto del mismo, fue la inmediata aprobación de la reforma de las Políticas Activas de empleo, para favorecer la empleabilidad de los trabajadores y mejorar el funcionamiento y coordinación de los Servicios Públicos de Empleo. Con la reforma de la negociación colectiva, aprobada recientemente, se pretende dar solución a las deficiencias que tanto las instituciones internacionales como los propios agentes sociales reconocían en nuestro sistema de negociación, mejorando la flexibilidad interna de las empresas. Igualmente en el ámbito socio-laboral, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de ley para garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones, cuyo contenido también trae causa del citado Acuerdo Social y Económico.
En este periodo, el Gobierno ha aprobado también un Plan de Reforzamiento del Sector Financiero para fortalecer la solvencia de las entidades de crédito. Su objetivo es garantizar la canalización de sus recursos a la llamada economía real. El plan incluye diversas fases y medidas que se están ejecutando, conforme a lo previsto, bajo la supervisión del Banco de España.
Durante el último año, la actividad reformadora del Gobierno se ha extendido a otros ámbitos clave para mejorar la competitividad de la economía española, como la industria, la innovación y la internacionalización de nuestras empresas. En materia industrial, el Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Política Industrial que engloba un conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar la competitividad de la industria y a aumentar su peso en nuestra economía. Asimismo, remitió a las Cámaras el proyecto de una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya aprobada, en la que se reforma la carrera investigadora, y creó la Agencia Española de Investigación. Finalmente, el Gobierno ha convertido al ICEX en una empresa pública estatal, con el objetivo de que preste un mayor apoyo a las empresas en proceso de internacionalización.
La tercera gran prioridad de la política económica desarrollada durante el último año ha sido el mantenimiento de la cohesión social. Ello explica que, en el muy restrictivo contexto presupuestario actual, el gasto social haya alcanzado el 58% del gasto público total en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, aumentando un 1,3% respecto al ejercicio anterior; que se haya reforzado la cobertura a las personas en situación de desempleo, con nuevas prestaciones; que se haya incrementado el gasto en becas; y que se haya dado cumplimiento al calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, incorporando a las personas con dependencia moderada e introduciendo mecanismos para aumentar la eficiencia del sistema, entre otras decisiones adoptadas. Si las medidas vinculadas a la situación económica y al empleo han sido las que han merecido la atención preferente del Gobierno, éste se ha ocupado, en el año transcurrido, de otras cuestiones también relevantes para la convivencia.
El Gobierno ha proseguido con su programa de ampliación de derechos, proponiendo a las Cortes nuevas leyes en ámbitos en los que esa ampliación es posible e, incluso, viene demandada por la propia Constitución: así, en materia de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas; o, más recientemente, con el proyecto de ley integral de igualdad de trato, cumpliendo con el compromiso derivado de la normativa europea de profundizar en la prevención de todas las manifestaciones de las conductas discriminatorias; o con la adecuación de la normativa española a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; o, en fin, remitiendo a las Cámaras el proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
Igualmente, en este año se ha desarrollado un esfuerzo especial en materia de justicia, traducido en la presentación de reformas de alcance destinadas a agilizar y modernizar su funcionamiento, como el proyecto de ley del registro civil, los proyectos de arbitraje y de mediación, el proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el de la jurisdicción social o el proyecto de ley concursal. En todos ellos ha estado, y está, muy presente la voluntad de alcanzar el mayor acuerdo posible con los grupos parlamentarios.
Asimismo, el Gobierno ha mantenido su estrategia de lucha contra el terrorismo, tanto mediante la eficaz actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como mediante la colaboración internacional y la adopción de una reforma legal que persigue evitar cualquier posibilidad de burlar la exclusión de la vida institucional de aquellas organizaciones que no rechacen la violencia. De acuerdo, siempre, con la Constitución y las leyes, y las decisiones de los tribunales en aplicación de ambas, el Gobierno permanece fiel a esta línea de actuación, para la que espera seguir contando
con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas de las Cámara; como, igualmente, para la aprobación de la Ley de reconocimiento y protección a las víctimas, que se encuentra en tramitación ante la misma.
En el ámbito internacional, ha tenido continuidad la participación de España en diversas misiones de paz y mantenimiento de la seguridad, avaladas por Naciones Unidas y acordadas en el marco de la Unión Europea y de la OTAN. En particular, la situación desencadenada en el Magreb a partir de las manifestaciones y demandas de democracia por parte de los ciudadanos ha llevado a la necesidad de intervenir en Libia, decisión aprobada por el Congreso y cuya prórroga se ha solicitado recientemente.
La culminación del ambicioso proceso de reformas emprendido, lo que implica y requiere un variado conjunto de actuaciones, que comprende desde la adopción de nuevas iniciativas para completar dicho proceso, hasta la aprobación definitiva de diversas leyes pendientes de tramitación, pasando por el desarrollo reglamentario y aplicación de las ya vigentes, centrará la tarea del Gobierno en la última parte de la Legislatura.
Junto a ello, resulta también indispensable seguir ejecutando sin interrupción, al ritmo y de acuerdo con los compromisos asumidos, el programa de reducción del déficit público. Y, por último, el Gobierno pretende, asimismo, culminar su agenda legislativa sobre la ampliación de los derechos cívicos y sociales.
Para todo ello, el Gobierno solicitará en el Debate sobre el estado de la nación la colaboración de los diversos Grupos parlamentarios con sus aportaciones o sus alternativas, y se mostrará receptivo y abierto a las mismas, especialmente en relación con la que constituye nuestra principal preocupación —que lo es de toda
la sociedad española—, la lucha contra el paro.
