viernes, 3 de junio de 2011

PROTECCIÓN Y SOPORTE SOCIAL A LOS DISCAPACITADOS MILITARES ESPAÑOLES



INTERVENCIÓN EN EL III SEMINARIO DE DISCAPACIDAD MILITAR

“RECURSOS DE PROTECCIÓN Y SOPORTE SOCIAL A LOS DISCAPACITADOS MILITARES EN ESPAÑA”

BARCELONA 3 DE JUNIO DE 2011



Bon día, buenos días a todos/as.

Quiero agradecer a ACIME en la persona de su Presidente, Don Andrés Medina Torres, por invitarme a este III Seminario sobre Discapacidad Militar.
Quiero también saludar a los amigos de la ONCE en la persona de su nuevo Delegado Territorial en Xavier Grau i Sabaté.

En nombre del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, intentaré acercarme a un sector, el de las Fuerzas Armadas Españolas, cada día más respetado y querido por los ciudadanos y las ciudadanas.

La Ministra de Defensa presentó las líneas principales de la política de defensa en el Congreso al comienzo de la presente legislatura, entre las que destaca notoriamente el compromiso en el ámbito de la Responsabilidad Social del Ministerio.

En este sentido, es un orgullo destacar que dichas directrices incorporan la ética del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y la incorporación de la contratación socialmente responsable, con cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los concursos de bienes y servicios con proveedores, que suponen un gran avance en los derechos de las personas con discapacidad.

Así, los órganos contratantes del Ministerio recomiendan exigir a los licitadores con más de cincuenta trabajadores una “declaración responsable” del cumplimiento de la obligación de contratar trabajadores con discapacidad al menos en un 2% de la plantilla de la empresa.

Además, respecto a las políticas de accesibilidad universal y diseño para todos, cabría mencionar que se ha establecido un Plan de Accesibilidad Integral de las instalaciones de Defensa y, sobre todo, de aquellas que están abiertas al ciudadano, como son las Delegaciones de Defensa.

En este orden de ideas, cabría destacar que con el objetivo de hacer más accesible a los 4.000.000 millones de personas con discapacidad tanto las instalaciones del Ministerio como la información relativa a la Defensa Nacional, en noviembre de 2007 se celebró la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa, la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con el objetivo de fomentar la autonomía personal, la plena integración y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de las políticas de defensa.

Además, en diciembre de 2010 el Ministerio de Defensa creó la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas, cuyo fin es coordinar la prestación de apoyo continuado a los heridos y a los familiares de fallecidos y heridos de las Fuerzas Armadas que se produzcan en acto de servicio.

Así, la Unidad se encargará de coordinar y facilitar, en su caso, las gestiones administrativas relacionadas con la tramitación de pensiones, indemnizaciones, seguros y otras prestaciones públicas a que puedan tener derecho, como la atención social y personal más prolongada en el tiempo de los heridos y familiares de fallecidos y heridos, en todos los casos a través de los órganos que sean competentes dentro del Ministerio, como el de los Ejércitos (Ejército de Tierra, Armada Española y Ejército del Aire).

Desde su creación, la Unidad ha realizado el seguimiento de 109 heridos en acto de servicio, de los que 22 podrán presentar algún grado de discapacidad al finalizar su periodo de recuperación.

Así mismo, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y su Plan de Acción Social, convoca ayudas destinadas a los integrantes discapacitados de los Ejércitos y sus familias.

En este sentido, resulta clave para el bienestar y desarrollo personal de los ciudadanos con discapacidad el Proyecto de Ley de Adaptación de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuya ponencia estamos trabajando en la actualidad en el Congreso de los Diputados, que esperamos tener acabada para su aprobación en el actual período de sesiones.

Hay que recordar que España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el 30 de marzo de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español.

La Convención de la ONU no establece nuevos derechos, pero protege y garantiza el disfrute de los derechos y la igualdad plena con el resto de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.


Además, supone un cambio en el concepto de discapacidad, que pasa de ser considerado como una preocupación en materia de bienestar social a ser concebido como una cuestión de derechos humanos. Esto ha contribuido a dar mayor visibilidad a este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, ya que cuentan con una herramienta jurídica vinculante.

Así mismo, cabría destacar que el 10 de julio de 2009 el Consejo de Ministros acordó la creación de un grupo de trabajo interministerial a fin de realizar un estudio integral de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que ha recogido en un informe la labor realizada por el mismo para adaptar a nuestra legislación la citada Convención.

En este sentido, es preciso recordar que la legislación española se constata como una de las más avanzadas en el mundo respecto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Uno de los principales aspectos a subrayar del Informe es la necesidad de modificar determinadas normas, con previsiones que van más allá de la propia Convención.

Así, el Informe establece como sus principales propuestas las siguientes:

• En materia de principios básicos, se establecerá una nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades. Se pretende contar con una definición más amplia del concepto de persona con discapacidad, que no se ciña exclusivamente al ámbito de aplicación de esta Ley.

• En el ámbito sanitario, se introducen medidas para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos. También cabría destacar que se incluye la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las Administraciones Públicas sanitarias y que las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles.

• En cuanto a la legislación civil, mercantil y penal las propuestas de reforma incluidas en el informe aprobado afectan sobre todo a cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad. Además, se prevén la eliminación de las normas los términos peyorativos como “incapaz” o “minusválido” y su sustitución por “persona con discapacidad”.

• Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al 7%; y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para las empresas con más de 50 trabajadores.

• El informe también recomienda la realización de un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, debido a la complejidad de estos temas.

Las propuestas contenidas en el Informe afectarán a más de 25 normas con incidencia directa en la vida cotidiana de los ciudadanos (ámbito civil, penal, mercantil, sanidad, empleo, educación, etc.).

La ley de Adaptación será directamente proporcional a la importancia que desde mi Grupo Parlamentario, el Socialista, damos y seguiremos dando a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad.

Hemos producido y desarrollado importantes leyes destinadas incrementar el bienestar y a fomentar y mantener el empleo de las personas con discapacidad, dos aspectos básicos para la igualdad de oportunidades que defendemos los socialistas

Un buen ejemplo de ello es la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con una inversión en 2010 de 1.671.200 millones de euros y que atiende a más de 500.000 ciudadanos y ciudadanas.

A pesar de los problemas derivados de la crisis económica mundial, hemos querido apoyar el fomento y el mantenimiento de los puestos de trabajo localizados en empresas, bonificando al 100% las cuotas empresariales de la Seguridad Social a todos los contratos de cualquier tipo, convertidos, de temporales en indefinidos.

En este orden de ideas, cabría señalar que en los Centros Especiales de Empleo se han subvencionado el salario de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad aumentándolos del 50 al 75% del Salario Mínimo Interprofesional en 2010 y para el caso de discapacidad severa también durante 2011.

Además, por la importancia vital que ostenta la realidad de nuestro país en lo que ha Centros Especiales de Empleo se refiere, contamos con 1775 que proporcionan puestos de trabajo a mas de 52000 personas.

Como a cualquier otro sector, la crisis económica ha incidido en la disponibilidad de sus recursos, de ahí la importancia de las iniciativas legislativas que se han venido produciendo a lo largo de estos años.

En este sentido, este año también será un año de producción legislativa muy importante y lo será, entre otros, por:

-La Ley de adaptación a la Convención Internacional sobre derecho de las personas con discapacidad,

-La estrategia 2020 de empleo y discapacidad.

-La ley de Seguridad Social,

-La Ley contra en empleo sumergido,

-La Ley de Igualdad de trato,

-Por el debate y la aprobación de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se está debatiendo en las Cortes Generales,

-Etc.

Estoy seguro de que los grupos parlamentarios como siempre tendrán en cuenta y pondrán en valor el trabajo, los derechos y los deberes de nuestras Fuerzas Armadas.



Muchas gracias.