Posicionamiento del Gupo Parlamentario socialista ante la Proposición no de ley sobre estas materias presentada por CiU en la Comisión de políticas integrales de la discapacidad del Congreso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra para la defensa de su enmienda don José Vicente Muñoz.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista respecto a esta proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió. El Gobierno desde el punto de vista de la acción, el control y el trabajo para generar empleo no solamente para las personas con discapacidad sino también para todos y cada uno de los sectores sociales, tiene claro tres temas: primero, que ha hecho la Ley de Contratos del Sector Público a la que se ha aludido aquí anteriormente, la estrategia global de acción para el empleo para personas con discapacidad 2008-2012, que el empleo para personas con discapacidad puede ser en la empresa ordinaria del tercer sector o en el sector público, y que, entre otras medidas y acciones ha generado una importante, la apuesta por aumentar la dotación de los recursos económicos para la consolidación de los puestos de trabajo localizados en los centros especiales de empleo de toda España, así como también uno de los derechos importantes que consigue el colectivo de personas con discapacidad con este Gobierno, que es la jubilación anticipada a los 58 años de aquellos trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento.
En la actualidad sociopolítica, socioeconómica hay que señalar datos que son positivos. En el primer trimestre de 2010 el Observatorio estatal de la discapacidad ofrece unos datos que conviene retener por lo que tienen de importancia. Se han realizado alrededor de 14.000 contratos de trabajo a personas con discapacidad, un 19 por ciento más que en el mismo periodo de 2009, en el que se realizaron alrededor de 11.700. Esa es la preocupación social y política en este momento del Grupo Socialista y del Gobierno: la creación de empleo en todos los sectores, y también, como decía al principio, entre la población discapacitada. La mayoría de los contratos a los que alude el Observatorio de la discapacidad han sido eventuales, prácticamente un 45 por ciento, y por obras y servicios alrededor del 34,5 por ciento. En el dato que daré a continuación es donde tenemos que situar la realidad política y económica del empleo actual en España asimismo para las personas con discapacidad. Casi el 10 por ciento han sido contrataciones indefinidas, por consiguiente, habrá que incentivar la contratación indefinida en todas sus modalidades pero más si cabe entre la población discapacitada. Hay elementos importantes para tener, como decía, una visión positiva porque con las negatividades no vamos a ningún sitio y a las personas con discapacidad hay que darles positivismo y a los ciudadanos en general también. Ante estos datos yo no diría que está todo solucionado porque no sería cierto, pero hay que manifestar que un elemento importante a la hora de programar y conseguir empleo para las personas con discapacidad se hace asimismo con un sector que hasta hace pocos años era incipiente pero que hoy ya forma parte del entramado asociativo y del empresariado social en España, como es el tercer sector social, que incluye como una herramienta importante de trabajo la socialización de las personas con discapacidad y además la inclusión social de este colectivo.
Como decía la portavoz de Convergència i Unió, vamos a intentar transaccionar una propuesta como la que estamos planteando teniendo en cuenta, señoras y señores diputados, que el plan, si llegara a elaborarse, tiene que prever excepciones a la regla general que deberían ser decididas por cada órgano de contratación basándose en las características del contrato, porque no podemos tampoco abrir aquí un abanico de soluciones para todos los problemas cuando la ley nos obliga a unas determinadas circunstancias. Por ende, lógicamente ha de cumplirse la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público porque en ella aparecen los incentivos importantes a la hora de plasmar las ofertas de empleo público en nuestro país. Para acabar, me gustaría decir que siendo como son actuaciones que van a permitir que el Estado en su organización, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, pueda actuar en estas circunstancias, no estaría de más que podamos instar a que se impulse desde el Gobierno, con el resto de las administraciones públicas, una mayor atención en el cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado en materia de centros especiales de empleo que son —acabo— uno de los importantes yacimientos de empleo para las personas con discapacidad en nuestro país.
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