viernes, 8 de julio de 2011

BALANCE DE POLITICAS SOCIALISTAS EN MATERIA DE DISPACIDAD 2008/2011





El pasado 7 de Julio tuve el honor de hablar y compartir unas horas con la Asociación "ENTRE TOTS" de personas con discapacidad en Vilafranca del Penedes, quiero agradecer a Carme Garrido su presidenta la oportunidad de poder explicar la ingente labor efectuada desde 2004 hasta 2011 desde el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero en relación a las personas con discapacidad y sus familias, nunca antes fue tan productiva la acción política en esta materia.


• El Gobierno socialista ha demostrado su claro compromiso con el objetivo de la mejora efectiva de las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad durante la primera legislatura. En ella se aprobaron un paquete de normas de gran calado alrededor de tres áreas: la atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia, la implantación efectiva de la accesibilidad universal y el empleo de las personas con discapacidad.

• En este sentido, es necesario destacar diversas medidas:

-La Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

-La Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

-La Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo, que ha supuesto el establecimiento de ayudas al empleo de las personas con discapacidad, así como importantes bonificaciones para la contratación indefinida. De hecho, se invierten cerca de 500 millones de euros anuales para facilitar la contratación a través de bonificaciones y de subvenciones.

-La Ley 8/2005 ha hecho que sea posible compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.

-La Orden APU/3416/2007 que asegura la reserva de un cupo no inferior al 5% de las vacantes en las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso o el acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado de personas con discapacidad.

-El Real Decreto 469/2006 por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo y el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

-El Plan de Acción 2006 para las mujeres con discapacidad, que incluye un área específica con el objetivo de adecuar las políticas de empleo para evitar la denominada doble discriminación.

• También ha sido especialmente notable la intensa acción legislativa que incide transversalmente en el marco de integración social de las personas con discapacidad. Como en el caso de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación; la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo.

Medidas adoptadas por el Gobierno durante la segunda legislatura en materia de discapacidad

• La apuesta del Gobierno socialista por la política social se refleja en la evolución del presupuesto destinado. Desde el año 2004 el Gobierno socialista ha venido destinando el 50% de los presupuestos generales del Estado a la política social, es decir, 1 de cada 2 euros del presupuesto se invierten en política social; en el año 2010, la inversión ha sido aún proporcionalmente mayor, destinándose el 51,8%, más de la mitad del presupuesto total, lo que supone 1,18 euros de cada 2.

En este sentido, debe destacarse igualmente el progresivo y notable aumento de la financiación en el desarrollo de la Ley de Dependencia, que en total ha supuesto 5.242,6 millones de euros (más de 870 mil millones de ptas), muy por encima de lo previsto en la Memoria Económica de la Ley (ver cuadro 1).

Cuadro 1: Financiación del Ministerio de Sanidad y Política Social en la Ley de Dependencia

Año
Memoria Económica de la Ley Financiación Gobierno Incremento sobre Memoria Económica (%)
2004 0
2005 50 millones de euros
2006 200 millones de euros
2007 400 millones de euros 400 millones de euros
2008 678,685,397 euros 871 millones de euros 28,3 %
2009 979,364,617 euros 2050 millones de euros 109,4%
2010 1,160,330,812 euros 1671,2 millones e. 44%


Cuadro 2: Reparto de fondos 2011 (en euros)


Comunidades y Ciudades Autónomas Fondo General (80%) Fondo compensación (10%) Fondo cumplimiento de acuerdos (10%) Total
Andalucía 58.358.679 4.826.066 7.494.928 70.679.673
Aragón 9.026.896 987.082 1.358.782 11.372.760
Asturias 5.940.258 807.197 787.743 7.535.198
Balears 3.850.169 578.721 786.607 5.215.497
Canarias 5.539.496 1.037.438 593.811 7.170.745
Cantabria 4.361.438 394.141 882.037 5.637.616
Castilla
y León 18.638.710 2.153.384 1.743.106 22.535.200
Castilla-La Mancha 13.457.092 1.433.201 2.001.594 16.891.887
Cataluña 37.897.712 4.907.597 5.389.669 48.194.978
Comunidad Valenciana 16.059.516 3.149.338 1.513.019 20.721.873
Extremadura 6.839.401 813.668 829.109 8.482.178
Galicia 13.731.027 2.385.509 1.513.487 17.630.023
Madrid 22.322.704 3.705.799 1.044.694 27.073.197
Murcia 7.326.765 841.495 1.664.584 9.832.844
La Rioja 2.667.328 229.801 628.427 3.525.556
Ceuta
y Melilla 540.745 69.305 88.145 698.195
Total 226.557.936 28.319.742 28.319.742 283.197.420


Cuadro 3: Catalunya. Información presupuestaria


Presup.
2007 Presup. 2008 Presup. 2009 Presup. 2010 Presup. 2011(*) TOTAL TRANSFE-RIDO
NIVEL MÍNIMO 11.536.201 75.588.502 213.257.333 285.582.329 95.948.079 681.912.445
NIVEL ACORDADO 32.393.438 39.332.134 47.450.632 49.390.225 48.194.978 216.761.407
PLAN E 61.965.893 61.965.893
TOTAL 43.929.639 114.920.636 322.673.858 334.972.554 144.143.057 960.639.745


• El Gobierno socialista ha mantenido el compromiso demostrado en 2004-2008 con la integración y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad durante la segunda legislatura. Así, el programa electoral del año 2008 incluía varias medidas que afectaban a este colectivo, alrededor de las siguientes áreas: derechos de ciudadanía, fortalecimiento de las ayudas a las familias de personas con discapacidad, calidad de vida digna, medio rural, deporte y ocio inclusivo.

• Desde las elecciones de 2008, el Gobierno ha puesto/está poniendo en marcha gran parte de esas iniciativas, además de otras adicionales/complementarias que no se contemplaban inicialmente en el programa electoral. La actual situación de crisis económica mundial sin duda ha alterado las líneas de actuación y las prioridades presupuestarias. Como consecuencia de los efectos de la crisis, se han tenido que primar iniciativas en materia de empleo, por ejemplo, o en el ámbito de la inclusión. Se han priorizado las políticas destinadas a los ciudadanos, pero especialmente a los más vulnerables, los que antes pierden el empleo o antes se ven sometidos a situaciones de mayor vulnerabilidad.

• Gran parte de las medidas adoptadas en estos dos años se proponen dar cumplimiento a los compromisos electorales previstos en el programa de 2008.

• Pero además, el Gobierno ha consolidado su actuación en este ámbito y ha manifestado el carácter prioritario a largo plazo que se concede a estas políticas. Así, se ha creado la Comisión de Seguimiento para la Agenda Política de la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal y el Consejo Nacional de la Discapacidad, y se ha aprobado el III Plan de Acción para las personas con discapacidad.

Medidas que dan cumplimiento a compromisos electorales de 2008

En el ámbito del empleo, el Gobierno ha puesto en marcha numerosas iniciativas, a las que se ha dado prioridad para hacer frente a la crisis, yendo mucho más allá de los compromisos adquiridos en el programa electoral de 2008.

• En el año 2008, antes de las elecciones generales, se aprobó la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, con una dotación de 3.700 millones de euros. Sus objetivos generales son aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la inserción laboral de las personas con discapacidad, y mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación. La estrategia define en términos generales las siguientes líneas de actuación:

-Remover las barreras socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas como de comunicación, que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

-Potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad para favorecer su empleabilidad.

-Diseñar nuevas políticas activas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar su gestión.

-Promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.

-Renovar el empleo protegido, preservando el dinamismo en la generación de empleo alcanzado en los últimos años y favoreciendo un mayor tránsito hacia el empleo ordinario.

-Mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, en particular combatiendo activamente su discriminación en el mercado de trabajo.

-Mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad como la coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las administraciones públicas.


• Plan de Acción para el Empleo de personas con discapacidad 2009/2010: para la ejecución de estas directrices era necesario definir medidas de actuación concretas a través de este Plan, que recoge las líneas de actuación diseñadas en la Estrategia, que son aumentar las tasas de actividad y de ocupación, mejorar la calidad en el empleo y dignificar las condiciones de trabajo.



• Así mismo, el Gobierno se propone aumentar por ley del 5 al 7% las plazas públicas de la Administración General del Estado reservadas para este grupo social. De ellas, el 2% para discapacitados intelectuales. Se garantiza por ley algo que ya se está haciendo en la práctica.

En el ámbito de los derechos civiles son también numerosas y de gran trascendencia las medidas adoptadas.

• Mejora de la protección civil y patrimonial de las personas con discapacidad-La Ley 1/2009[1] persigue un doble objetivo: Mejorar la eficacia de la publicidad del Registro Civil (donde están inscritas las sentencias de modificación de la capacidad de obrar y la constitución de organismos tutelares y de representación) y facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad. También se ha creado la Comisión de Protección Patrimonial).

Nota: la regulación del tratamiento fiscal de estos patrimonios aún no está hecha.

• Mejora de la accesibilidad física y en las comunicaciones:

-Aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que regula el subtitulado y la audiodescripción.

-Desde 2008 se han puesto en marcha reales decretos de accesibilidad en edificios, transportes y sociedad de la información.

-Así, el Ministerio de la Vivienda, una vez aprobado en Consejo de Ministros el Código Técnico de la Edificación, ha establecido como obligatorio la accesibilidad en todas las edificaciones de nueva construcción desde el 1 de enero de 2010.

-Así mismo, se ha desarrollado el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.

-Se han puesto en marcha Centros de Referencia, por ejemplo el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya) como referente en la accesibilidad audiovisual y el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), que impulsa la adaptación y el Diseño para Todos de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad.

-Muy recientemente se han aprobado un Real Decreto y una Orden que regulan las condiciones básicas de accesibilidad a la edificación y el urbanismo en todo el territorio nacional, como mínimos comunes.

-Así mismo y, en virtud de normativa de 2008 y 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio otorga subvenciones a proyectos y acciones que impulsen la incorporación y permanencia en la sociedad de la información de las personas con discapacidad y las personas mayores.

-En las líneas de actuación del Plan Avanza 2 se contempla la puesta en marcha de un conjunto de medidas que favorezcan la inclusión de ciudadanos con necesidades especiales en la sociedad de la información, adaptadas a cada uno de los colectivos donde se produce una diferencia en el uso de las nuevas tecnologías.

-El Gobierno está trabajando con los actores implicados para la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que en los edificios se pueda instalar una rampa o un ascensor que garantice la movilidad de las personas discapacitadas sin causar un grave perjuicio económico a la comunidad de vecinos.

-Por último, el Gobierno está trabajando para garantizar en el año 2014 la accesibilidad universal de los servicios ferroviarios. Recientemente se ha firmado un protocolo por parte de la Ministra de Sanidad y Política Social y el Ministro de Fomento para avanzar en ese sentido, asegurando la accesibilidad de los servicios 6 años antes de lo exigido por la normativa europea.

En el área de fortalecimiento de las ayudas a las familias de personas con discapacidad, el Gobierno ha garantizado y ampliado el apoyo a este colectivo, incluso en las actuales circunstancias de crisis económica, con medidas como:

• Mejora de las prestaciones por maternidad y la baja de paternidad en caso de nacimiento de hijos con discapacidad por el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.


• La revalorización de las pensiones y de otras prestaciones sociales públicas en el caso de familias con hijo o menor acogido a cargo con discapacidad para 2010 con el Real Decreto 2007/2009[2].

• Revalorización del Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte.


La aprobación del Informe para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad (Consejo de Ministros, 30 de marzo de 2010).

La aprobación del Informe para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad (Consejo de Ministros, 30 de marzo de 2010).
• Hay que recordar que España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, el 30 de marzo de 2007, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español.

• El 10 de julio de 2009, el Consejo de Ministros acordó la creación de un grupo de trabajo interministerial a fin de realizar un estudio integral de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU. La labor realizada por este grupo se recoge en el informe aprobado, que contiene las medidas legislativas necesarias para adaptar nuestra legislación a la citada Convención.

• Uno de los principales aspectos a destacar del Informe es la necesidad de modificar determinadas normas, con previsiones que van más allá de la propia Convención y, por tanto, de los mínimos establecidos en la misma.

• El proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en estos momentos esta en tramite parlamentario, contiene buena parte de las propuestas que integran el informe aprobado por el Gobierno

Principales propuestas

• En materia de principios básicos, se establecerá una nueva definición del concepto de persona con discapacidad, que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades. Se busca una definición más amplia del concepto de persona con discapacidad, que no se ciña exclusivamente al ámbito de aplicación de esta Ley.

• En el ámbito sanitario se introducen medidas para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos. También se incluye la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias; las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles.

• En legislación civil, mercantil y penal las propuestas de reforma incluidas en el informe aprobado hoy afectan sobre todo a cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad. Hay que eliminar de las normas los términos peyorativos como “incapaz” o “minusválido” y sustituirlos por “persona con discapacidad”.

• Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al 7% y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para las empresas con más de 50 trabajadores.

• El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, debido a la complejidad de estos temas.

• Para acabar quiero transmitiros el más firme compromiso y el del PSC en la lucha por conseguir las metas necesarias para que el colectivo diverso que forman las personas con discapacidad en Cataluña y España alcancen las mayores cuotas de bienestar y de igualdad que merecen.



José Vicente Muñoz Gómez
Diputado por Barcelona en
El Congreso.

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