lunes, 31 de mayo de 2010

PERCEPTORES DE PENSIONES MINIMAS. COMPARECENCIA EN EL CONGRESO.













El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señor Soriano, señor Viguer. Señor Soriano, felicidades por su cumpleaños, aunque fuera ayer, que cumpla muchos más, se lo deseamos de corazón.
Voy a recordarles que ustedes están aquí también hoy y que les han precedido muchas personas, entre otras la Fatec, de Cataluña, que también nos planteó, como otros colectivos, que tienen preocupación por las pensiones, no solamente por las mínimas o las no contributivas sino por todo el sistema de pensiones español. El Grupo Socialista ya les anuncia que tenemos en cuenta sus preocupaciones desde el punto de vista que han expre­sado —creo que hoy se cierra esta Comisión del Pacto de Toledo. No sé si es la última comparecencia o no, pero quedan muy pocas por efectuar— y que vamos a hacer notar sus reivindicaciones, teniendo en cuenta también que no están ustedes solos, ni ustedes ni los que repre­sentan. El esfuerzo colectivo que hoy nos demanda la situación económica, es un esfuerzo que todos y todas tenemos que hacer. El otro día el presidente Zapatero lo expresaba en sede parlamentaria, y se irán viendo poco a poco cómo se van configurando las acciones que ese esfuerzo colectivo que tiene que hacer todo el país, todo el Estado español, para ir saliendo mejor si cabe de la crisis.
En lo que a pensiones se refiere, más de tres millones de personas, entre mínimas y no contributivas, no van a sufrir ninguna merma en su pensión —ustedes tampoco, evidentemente—, porque el sistema de pensiones español es fuerte, está consolidado y hay que recordar que afor­tunadamente en España todavía trabajan tres millones y medio más de personas que lo hacían en el año 2004; de trece millones y medio ha subido la cifra a diecisiete millones y medio los que están trabajando hoy en nuestro país. A pesar de esa crisis, seguimos aplicando las com­parativas y las aportaciones que el Pacto de Toledo obliga al Gobierno para el fondo de pensiones. Por eso decía que no van a sufrir ninguna congelación las pensiones, y respecto a las que ustedes representan, en los últimos seis años, del año 2004 al 2010, las comunidades autó­nomas pueden complementar, porque este Congreso así lo decidió para las pensiones no contributivas y las pen­siones mínimas. Incluso, desde el punto de vista del aumento real de las pensiones, de las mínimas, ha habido un incremento, que ustedes conocen bien, siempre por encima del IPC de cada año, que ha estado entre el 2 por ciento y el 4,87 por ciento de aumento. En algunos casos, algunas pensiones han llegado a tener un incremento del 60 por ciento, las de viudedad con cargas familiares. Ha significado pasar de 5.371 euros en el 2004 a 4.144 euros en el año 2010. Estamos hablando de un esfuerzo solidario de todos y cada uno de los ciudadanos espa­ñoles y, lógicamente, efectuados y llevados a la práctica por el Gobierno del presidente Zapatero. También que­remos hacer notar que otras políticas se han incremen­tado a las pensiones mínimas, como conocen.
El señor Soriano hablaba anteriormente de la vivienda. Hay un complemento para el alquiler de algo más de 520 euros anuales a la pensión que se pueda cobrar del Estado más la de las comunidades autónomas, y si hay necesidad la ayuda para el alquiler de vivienda. Las pensiones mínimas crecen y van a seguir creciendo por encima de los índices del IPC normal porque el presi­dente Zapatero, el Partido Socialista, y creo que la Cámara en general —hablaré de lo que me compete que es mi grupo parlamentario— tienen muy claro que es de justicia social. Y dirán ustedes con razón, pero poco a poco. Es cierto, pero también hay que tener en cuenta que el Gobierno debe atender todas y cada una de las problemáticas que la sociedad tiene; y ésta de pensiones que ni existían la hemos consolidado, ya que estas pen­siones se pusieron en marcha por un gobierno socialista en el año 1990. Hoy hay que trasladar a los ciudadanos, a los mayores y a los jóvenes, sosiego, tranquilidad y buen hacer. Los socialistas damos muestra de ello. A veces hay que tomar decisiones que no gustan, pero no por eso no hay que tomarlas. Nuestro Gobierno, el Gobierno socialista, está tomando decisiones que en el futuro los ciudadanos podrán poner en valor. Las medidas plantean mantener las pensiones de 2011 con la misma cuantía que en 2010, teniendo en cuenta —como ustedes saben— que se van a revalorizar si el IPC supera el uno por ciento, por tanto, esa parte proporcional que toque a cada una de las pensiones se va a incrementar también para las pensiones de 2011. Según nos dijo el presidente, habrá un real decreto que contemplará esta medida de congelación, que no de rebaja. Quiero que quede muy claro, porque a los ciudadanos no se les puede mentir; sí que hay refuerzo social, sí hay congelación, pero no hay una bajada de pensiones.
Para acabar les diré que el compromiso firme del presidente, del Partido Socialista, es aumentar —como no puede ser menos— las mínimas y las no contributivas, tal y como lo viene haciendo desde el 2004 para acá, como decían al principio también, entre el 2 por ciento y el 4,87 por ciento. Hay que señalar que las pensiones mínimas y no contributivas han ganado un 25 por ciento, y sé que la estadística a veces puede herir sensibilidades. Es verdad que vienen de poco, pero ha habido un incre­mento del poder adquisitivo en esa cantidad. Ya acabo señorías, señor presidente. Ustedes, los jubilados y los pensionistas, las personas mayores de España, son nuestra prioridad y no les dejaremos solos. Ustedes, señores Soriano y Viguer y a los que representan, no están solos.

jueves, 27 de mayo de 2010

PENSANDO EN LOS CIUDADANOS



El Gobierno de España, el Gobierno socialista de Zapatero, esta y estará siempre al servicio de los intereses generales de todos los ciudadanos.
Las políticas sociales emprendidas por el Gobierno en estos últimos seis años, se han podido realizar gracias al esfuerzo y la apuesta por avanzar en nuevos derechos. Para que esto fuera posible, se ha aumentado la inversión en gasto social un 58 % desde 2004. En ese año, se dedicaban a gasto social 114.000 millones euros., mientras que en 2.010, se están destinando 180.000 millones de euros.

Con los gobiernos del PP, en 2.003:

Ni subían las pensiones mínimas por encima del IPC.
Ni subía el salario mínimo interprofesional básico para acceder a bienes y servicios.
Ni había ni un solo euro para la atención a las personas en situación de dependencia.
Ni había ninguna de las nuevas prestaciones y derechos sociales creados desde 2004.

Ha sido el Gobierno de Zapatero, a partir de 2.004, el que:

Ha aumentado el fondo de las pensiones del Pacto de Toledo. En 2.004 había 14.000 millones y en 2.010 hay 62.000 millones., lo que significa que las pensiones actuales están garantizadas.
Ha aumentado las pensiones mínimas entre 2 % y el 4,87 %, entre 2.004 y 2.010.
Ha aumentado las pensiones mínimas más del 49% desde 2004.
Una pensión de jubilación con cónyuge a cargo en 2.004 era de 6.788 euros al año; ahora es de 10.152 euros. Por tanto, ha experimentado un incremento del 50 %, y una ganancia de poder adquisitivo del 25 %
Ha triplicado el esfuerzo para financiar las pensiones no contributivas y los complementos para las mínimas.
Ha compatibilizado las pensiones de viudedad, con las no contributivas.
Ha creado el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.

Las medidas de ajuste por la crisis económica que el Gobierno ha aprobado, no plantean ninguna bajada de pensiones, al contrario, las pensiones mínimas seguirán aumentado por encima del IPC. El PP lo sabe y miente a los ciudadanos.
Las medidas del gobierno plantean el mantenimiento de las pensiones en la misma cuantía que en 2.010, se revalorizarán si el IPC es superior al 1%, que fijan los presupuestos generales del Estado, y como en otros ejercicios, los pensionistas cobrarán una paga extra por la diferencia, que se consolidará para 2.011.

El Sistema de Atención a la Dependencia tiene hoy más de 500.000 beneficiarios en el conjunto de España. El PP jamás se ocupo, ni pensó nunca en las personas dependientes, ni en sus familias.

Las medidas del Gobierno destinada a reducir el tiempo de resolución del reconocimiento de la situación de dependencia, garantiza el derecho a recibir la prestación al día siguiente del cumplimiento del plazo de seis meses. En el caso de no recibir notificación de reconocimiento, se cobrará con carácter retroactivo y se pagara en mensualidades iguales hasta en el plazo máximo de cinco años.
Por tanto, lo que se persigue es agilizar la implantación del sistema y la mejora de los servicios.

Ante la dureza de la situación de crisis en España y en Europa, y de acuerdo con las instituciones económicas y de la Comisión Europea, el Gobierno hace estos ajustes, no sólo manteniendo todas las prestaciones por desempleo, sino ampliándolas a las personas que las hubieran agotado vinculadas a programas de formación. Es de justicia trabajar para que los ciudadanos tengan los menos problemas posibles. Los socialistas creemos en el pueblo, porque de él venimos y a el nos debemos.
Es por eso que, pensando en la mayoría, en los trabajadores, en los pensionistas, en los jubilados y en las personas en paro, debemos trabajar con pasión y serenidad, pensando en los ciudadanos, nos lo agradecerán.


José Vicente Muñoz Gómez
Diputado a Cortes por Barcelona
Congreso de los Diputados

miércoles, 19 de mayo de 2010

FUNDOSA ONCE. LUCHA POR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


INTERVENCIÓN EN LA COMISION DE POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD, 13 DE MAYO DE 2010.

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DELEGADO DE FUNDOSA (FUNDACIÓN ONCE), SR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DONOSO.


SR PRESIDENTE, SEÑORIAS.

QUE DUDA CABE QUE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN ONCE ALLÁ POR EL AÑO 1988, Y UN AÑO DESPUÉS EN 1989 DEL GRUPO FUNDOSA, FUE UNA DECISIÓN DE ALCANCE EN LA ACCIÓN DE PROCURAR UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA.

DESDE ENTONCES HASTA HOY, HAN PASADO 20 AÑOS, SON UN REFERENTE DE VITAL IMPORTANCIA EN LA CREACIÓN DE RIQUEZA EN NUESTRO PAÍS, RIQUEZA QUE ES POSIBLE CREAR A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE PERMITEN A MUCHAS MUJERES Y HOMBRES CON Y SIN DISCAPACIDAD AFRONTAR SU PROYECTO DE VIDA CON GARANTÍA DE ÉXITO.

GESTIONAN Y GENERAN EMPLEO, DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES SOCIALES, FOMENTAN LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EMPRESAS EXTERNAS COMPRANDO BIENES Y SERVICIOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, COMO GRUPO DE EMPRESAS DE LA FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR UN MERCADO NORMALIZADO DONDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD APORTEN SU TRABAJO EN CONDICIONES DE IGUALDAD.

EL GRUPO FUNDOSA TIENE MÁS DE 15.000 TRABAJADORES, DE LAS CUALES CASI UN 70%, SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ENTRE 2000 Y 2009 EL GRUPO HA MULTIPLICADO SU PLANTILLA POR 3, TENIENDO ENCUENTA LA CRISIS QUE ESTAMOS ATRAVESANDO, ES DE JUSTICIA RECONOCERLES SU APORTACIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA.

LAS POLÍTICA DEL GRUPO FUNDOSA, COMO ACTOR EMPRESARIAL DEL TERCER SECTOR HA CONSEGUIDO EN ESTOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, EL OBJETIVO DE LA INCORPORACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BAJO UN PRINCIPIO BASICO: CREAR EMPLEO DE CALIDAD.

LA APORTACIÓN DE LA CORPORACIÓN QUE USTED REPRESENTA EN ESTOS MOMENTOS, ES CLAVE PARA LA SALIDA DE LA CRISIS EN NUESTRO PAÍS.

ES NECESARIO MANIFESTAR QUE LA PRESENCIA DE FUNDOSA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, LOS SERVICIOS, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL O EL SECTOR SOCIO-SANITARIO Y LA RESPANSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, LES HACE DESTINATARIOS DEL DESEO DE ESTE GRUPO PARLAMENTARIO DE QUE SIGAN SIENDO REFERENTE EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL TRABAJO.

ME CONSTA QUE FUNDOSA TIENE PREVISTO LA APERTURA DE NUEVOS TELECENTROS DE TRABAJO EN CÁCERES, PALENCIA Y ÁVILA, QUE GENERARAN NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO. ES IMPORTANTE SEGUIR DESARROLLANDO PROYECTOS DE CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE TRABAJO.

¿COMO DISTRIBUYE FUNDOSA LOS FONDOS PARA LAS INVERSIONES EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS?

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE)




CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 534
POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁNSesión núm. 20
celebrada el miércoles 28 de abril de 2010

El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señorías, la red de alta velocidad española como ustedes saben todavía es joven, tiene dieciocho años, desde el año 1992. Es una red que primero cubría los trayectos Sevilla-Madrid, con la oportunidad que nos dio la celebración de la Expo en Sevilla, y ahora también Sevilla-Barcelona, Madrid-Barcelona, etcétera. Es una red todavía pequeña, que se está desarrollando, sobre la que, poco a poco, las inversiones en infraestructuras están siendo cada vez mayores para intentar llevar adelante un gran proyecto de comunicación por alta velocidad en España, pero mientras tanto se están haciendo las gestiones oportunas para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda viajar en ese tren sin discriminación ninguna, ni por discapa­cidad ni por otras circunstancias. Por tanto, estamos hablando de un elemento importante desde el punto de vista de las comunicaciones y también de la accesibilidad universal de los servicios públicos en España. En el caso de Renfe, Renfe-Operadora, tiene aprobado un plan de accesibilidad del año 2007, cuyo objetivo, como es lógico, es desarrollar las actuaciones necesarias que permitan que los trenes bajo su gestión garanticen, en el plazo más breve posible, la accesibilidad de todas las personas, como decía anteriormente, a dichos trenes. Para eso se redactó y se aprobó el Real Decreto 1544/2007 y la decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2007 sobre la especificación técnica de la interoperabilidad relativa a las personas con movilidad reducida en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencionales y de alta velocidad. En ese tema regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para las personas con discapacidad.
En ese sentido, el plan de accesibilidad de Renfe­ Operadora prevé, seis años antes de lo que dice el real decreto, por tanto en 2014, que todo el parque de Renfe­ Operadora esté adaptado y sea accesible, lo cual supone como decía, un adelanto importante de seis años sobre los plazos fijados por el real decreto. Para complementar los servicios previstos dentro de ese plan de accesibilidad —lógicamente esto ni por asomo se pensaba en el año 1992 y seguramente hasta el año 1996, 1997 ó 2000 este tema no se ha llevado adelante y se ha pensado ya en la primera década del año 2000— se creó el servicio Atendo, que es aquel que presta asistencia a cualquier persona con discapacidad no solamente física o psíquica sino visual o que tenga la movilidad reducida temporal­mente, porque puede ocurrir que alguien tenga un acci­dente, quede discapacitado y tenga que desplazarse a donde él crea conveniente. Es un servicio que permite atender con dignidad cualquiera de los servicios que necesiten las personas con discapacidad. Desde su puesta en funcionamiento, el 8 por ciento de los servicios de ayuda prestados corresponden a viajeros con silla de ruedas que permanecen en ella durante el viaje y que ocupan una plaza específica al efecto, las llamadas plazas H. El 11 por ciento corresponde a viajeros en silla de ruedas que se refieren a plazas convencionales, el 13 por ciento a viajeros con discapacidad visual y el 68 por ciento restante a viajeros con otras discapacidades o movilidad reducida. Desde su implantación, por tanto, Atendo ha realizado más de 435.000 asistencias a per­sonas con discapacidad o movilidad reducida, las cuales lo han valorado, y eso hay que decirlo así por el buen nombre de este servicio, con una puntuación de 8,76 sobre un máximo de 10. Atendo ha sido certificada por la norma de calidad universal UNE 170.001-2 de 2007 por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación, Aenor.
Respecto a las tarifas del AVE, creemos conveniente que se trabaje, no ya en la línea en que se está haciendo ahora, donde la tarjeta dorada da beneficios a cualquier persona con discapacidad por encima del 65 por ciento, sino que también a los acompañantes de esas personas se les aplica la misma tarifa. Conociendo el uso actual de las plazas de AVE en las cabezas de tren, como ustedes bien decían, o en otras zonas de los trenes, se está traba­jando con el Cermi y con la Fundación ONCE para determinar y valorar la aplicación de tarifas que permitan fidelizar más y mejor a las personas con discapacidad en sus servicios con Renfe. Renfe y la Fundación ONCE están, como decía, estudiando para desarrollar esa posi­bilidad y les planteo que tengamos en cuenta los ele­mentos de accesibilidad y de reserva de plazas para personas con discapacidad no solamente en el AVE, sino en todos los servicios de Renfe-Operadora, porque les recuerdo que hay 350 trenes hoy de cercanías que tam­bién necesitan que los ciudadanos y las ciudadanas puedan utilizarlos en condiciones. A la vista del plan de accesibilidad que debe de estar acabado en los AVE y en los 350 trenes de cercanías en 2014, si Renfe está estu­diando con el Cermi y con la Fundación ONCE los temas de tarifas, les propongo —y ahí va no solamente la propia enmienda que estoy defendiendo sino también una enmienda a la propia enmienda— que intentemos que el Ministerio de Fomento, que es el corresponsable lógico y último de estos temas, además de estar traba­jando en las tarifas con la Fundación ONCE y con el Cermi, pueda también estudiar la posibilidad de ampliar, como decía la señora Tarruella, las plazas para personas con discapacidad en los trenes AVE, teniendo en cuenta también que, como decía al principio, la red de trenes de alta velocidad hoy es relativamente pequeña, une ciu­dades importantes, pero es relativamente pequeña, pero el futuro de esa red de AVE saben ustedes que va a cubrir todo el territorio español y, por tanto, vamos a trabajar en perspectiva para que cuando eso se vaya produciendo tengamos la seguridad de que más personas con disca­pacidad puedan tener el derecho cubierto y la accesibi­lidad universal, como esta Comisión y este Parlamento ha planteado para que también se impulse en la próxima cumbre de Zaragoza.

martes, 4 de mayo de 2010

MAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRABAJANDO EN ESPAÑA .



Miren ustedes bien porque los socialistas estamos siempre con las personas con discapacidad.


En primer lugar porque son personas que forma parte de la sociedad a la cual hoy representamos mayoritariamente, en segundo lugar porque nuestro partido adquirió compromisos con los representantes de discapacitados y sus familias para incluirlos de manera natural en todos los espacios de decisión, porque como dice la Convención de NN.UU sobre las personas con discapacidad, "nada para la discapacidad, sin la discapacidad".




Por eso el Gobierno de España y su Presidente decidieron en su momento encargar la representación de España para el seguimiento de la aplicación de la Convención al CERMI ( comité español de representantes de minusvalidos), y ha pactado con ellos todas las políticas que tienen que ver con la discapacidad, igual que las iniciativas parlamentarias que hemos llevado al Congreso de los Diputados desde el Grupo Parlamentario Socialista.




Entre otras tienen especial importancia la apuesta por aumentar la dotación de los recursos económicos para la consolidación de los puestos de trabajo localizados en los CEE, de toda España, así como el derecho a la jubilación anticipada a los 58 años para aquellos trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%.




En la actualidad socio-económica, hay que señalar los datos sobre empleo ofrecidos por el "Obserbatorio Estatal de la Discapacidad referentes a la contratación de personas con discapacidad en el primer trimestre de 2010, en el que se han realizado casi 14.000 contratos de trabajo con personas con discapacidad, un 19,01 % mas que en el mismo periodo del año 2009, en el que se hicieron 11731.


Es nuestra preocupación social y política, la creación de empleo en todos los sectores de la población. La mayoría de los contratos han sido eventuales, un 44,21 %, la contratación por obra y servicio un 34,51%, siendo la contratación indefinida de un 9,47%, tenemos por tanto que incentivar la contratación en todas sus modalidades pero mas si cabe en la indefinida.




Es en los Centros Espaciales de Empleo donde se a producido un incremente absoluto y porcentual mas importante, ya que se han realizado 8361 contratos, un 34,63% mas que los 6210 realizados en el mismo periodo del año anterior. El 60% de los contratos se han realizado en cuatro comunidades. El 21,40% en Andalucia y el 12,16% en Cataluña acumulan un tercio de las contrataciones en toda España.




Los contrato s en el colectivo de personas con discapacidad han aumentado los de tiempo determinado y los realizados por los CEE, lo que pone de manifiesto que dichos centros están manteniendo el empleo para personas con discapacidad a pesar de las tensiones que sufren por la perdida de empleo producido por la crisis.


Ante estos datos no diremos que todo esta ya solucionado, pero si hay que manifestar que la apuesta por el tercer sector para un empleo de calidad y bien remunerado, es a lo que tenemos que aspirar a ofrecer a las personas con discapacidad. La inclusión por el trabajo es la mejor herramienta para una socialización efectiva de estas personas.


lunes, 3 de mayo de 2010

LOS SOCIALISTAS SIEMPRE JUNTO A LA DISCAPACIDAD.



INTERVENCIÓN DE JOSÉ VICENTE MUÑOZ EN LA “JORNADA INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS”
FUNDACIÓN AEQUITAS.
29 ABRIL 2010


Se va a hacer notar de muchas formas el impacto de la convención en la vida diaria de muchas personas con discapacidad. Les pongo algunos ejemplos. En primer lugar, agrupa todos los derechos preexistentes en el ámbito internacional en un único texto que tiene carácter vinculante. Desde que España ratificó la con­vención, la propia convención es derecho positivo español, con lo cual todo lo que aparece en la convención es exigible jurídicamente por las personas con discapa­cidad en nuestro país, porque a partir de ese momento eso forma parte del cuerpo legislativo del Estado español.

Los derechos que se reconocen en la convención aparecen relacionados entre sí, de manera que no se entiende el derecho al voto para todas las personas si no va acompañado de la plena accesibilidad a los colegios electorales.

Nada de las personas con discapacidad, como dice la convención, sin las personas con discapacidad. España tiene la suerte de tener uno de los movimientos asociativos de la discapacidad más potentes de Europa y del mundo. Eso nos ayuda en el día a día, porque tanto el CERMI como el resto de las asociaciones que lo integran son extraordinariamente exigentes, pero también nos hace que estemos en perma­nentemente alerta y trabajando para que las personas con discapacidad de nuestro país tengan igualdad de oportu­nidades respecto al resto. Eso lo marca la convención, por eso el Gobierno nombró al CERMI observador inter­nacional para la adaptación de la convención en España como reconocimiento a la labor que ellos vienen realizando alo largo del tiempo.

A modo de ejemplo, la convención incluye una serie de principios como puede ser el mainstreaming de la discapacidad, la igualdad de género, la protección de los menores con discapacidad. Es cierto que tenemos una legislación moderna, fruto del impulso que se ha dado en los últimos años a todas las legislaciones que tienen que ver con personas con dis­capacidad, pero que vamos a tener que transformar en algunos aspectos.

Para analizar qué aspectos eran los que tendríamos que cambiar se creó un grupo de trabajo interministerial, el 10 de julio de 2009, mediante Con­sejo de Ministros, cuya labor fundamental era estudiar desde la órbita de cada uno de los ministerios cuáles eran los aspectos fundamentales que tenían que regular para adaptar su legislación a la convención. El informe de ese grupo de trabajo fue aprobado y presentado al Consejo de Ministros del día 30 de marzo, analizando la situación y haciendo propuestas concretas de cambios legislativos que tendríamos que desarrollar.

En ese sentido ejemplos como el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Registro Civil, la Ley de Notaría, la Ley Hipotecaria, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además de otras muchas, tendrán que ser adaptadas a la convención para poder cumplir plenamente el requisito que nosotros mismos nos marcamos al firmar y al ratificar la conven­ción.

Permítanme que les haga, de manera sectorial, breves apuntes sobre lo que vamos a tener que cambiar en algunas de las materias fundamentales que marca la propia convención. En materia de empleo, vamos a incrementar por ley del 5 al 7 por ciento el cupo de reserva de puestos en las ofertas de empleo público en la Administración General del Estado para personas con discapacidad. Esta medida se ha apli­cado ya este año por voluntad del Gobierno, pero que­remos y creemos que tiene que estar marcada mediante ley, garantizando y promoviendo la cuota de reserva del 2 por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, mediante la contratación directa, por ejemplo exigiendo que este sea un requisito que se cumpla, entre otras cosas, en la contratación pública como ya se viene haciendo en algunas administraciones.

Esto se une a alguna de las políticas que ya veníamos realizando, pero me voy a referir básicamente a las políticas de ámbito normativo y, por no alargarme mucho, a las políticas fundamentales.

En cuanto a la capacidad legal de las personas con discapacidad para obrar, se está trabajando en un grupo bilateral con el Ministerio de Justicia. La concepción que la propia con­vención tiene de las personas con discapacidad y de sus derechos hace que tengamos que revisar, analizar y eva­luar sí la legislación que tenemos en España en todo lo que tiene que ver con códigos civiles, tema de tutelaje, etcétera, se adapta realmente al nuevo concepto de las personas con discapacidad.

Los cambios en todo lo que tiene que ver con la igualdad de reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley, la igualdad en el acceso a la justicia han sido mucho más avanzados en todos los países, y en España tenemos una legislación bastante adaptada a ello, pero con respecto a la igualdad de trato en cuestiones relacio­nadas con matrimonio, familia, paternidad, tutela, cura­tela, incapacitación, defensor judicial, guarda de hecho, y acceso a la justicia son reflexiones muy de fondo que afectan a leyes orgánicas fundamentales y que hay que contemplar en un marco global, con un debate sosegado.

Vamos a hacer accesibles, como decía al principio, todo lo que tiene que ver con los procesos electorales para las personas con discapacidad. Es cierto que se han producido avances en las últimas elecciones en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, para las per­sonas con discapacidad visual, pero hay otra serie de personas con discapacidad que siguen encontrando difi­cultades para ejercer su derecho al voto, y para ejercer su derecho a componer una mesa electoral, a ser presi­dente o a ser vocal de mesa electoral.

En ese sentido el objetivo es llegar a las elecciones del año 2011 y en parte también a las elecciones catalanas. En cual­quier caso, la reforma de los procesos electorales se va a hacer por dos vías: la primera, un real decreto que regula toda la accesibilidad de las personas que quieren votar para que puedan hacerlo, independientemente de cuál sea su grado de discapacidad. Esa es una reflexión relativamente mediata. La segunda, todo lo que tenga que ver con la adaptación de los sistemas de mesa elec­toral para que una persona pueda ser presidente de mesa.

En materia de educación vamos a reformar las leyes educativas. Es cierto que en los últimos años se ha puesto en marcha un importante número de programas para garantizar la educación inclusiva; es cierto, además, que en el propio Pacto por la educación un elemento funda­mental es todo lo que tiene que ver con la garantía de que las personas con discapacidad puedan ser educadas y su derecho a ello, pero también es verdad que en las propias leyes orgánicas que afectan a la educación hay algunos aspectos que deben ser retocados para incluir esta garantía.

En materia de sanidad las reformas que se acometerán, buscarán mantener la mayor autonomía posible para las personas con discapacidad y que el sistema se ajuste a sus capacidades.

Por ejemplo, queremos reformar varias normas para que se contemple expresamente el derecho de las personas con discapacidad a la información de los servicios sanitarios; ello implica que la información deberá efectuarse en formatos adecuados para que resulten accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad.

En cuanto a la propuesta de adaptación de la conven­ción en materia de definición legal de persona con dis­capacidad, obviamente va a tener implicación en muchos de sus ámbitos, no solo porque tenemos que ir a esa persona con derecho, y no contemplada solo desde un punto de vista asistencial, sino que cambiaremos la nomenclatura que aparece de personas con minusvalía o incluso algunas denominaciones anteriores en todo el sistema normativo español; por ejemplo, queremos que el término minusvalía y algún otro anterior desaparezcan de la legislación española para retomar el término de persona con discapacidad, tal y como nos hemos com­prometido, y eso va a afectar a un número importante de leyes; no es una reforma sustancial en cuanto al cambio del texto normativo, pero sí en cuanto a los derechos que eso conlleva, y al cambio de criterio y de definición de persona con discapacidad en esta materia.

Vamos a reformar la legislación relativa a la protec­ción civil, para que si se dieran las circunstancias de emergencia haya planes específicos y adaptados para atender a personas con discapacidad. Por ejemplo, en casos de emergencia nuclear o en estados de alarma, excepción o sitio debe haber protocolos adecuados para evacuar a las personas con discapacidad.

En todo lo que tiene que ver con la protección civil, en todo lo que tiene ver con las situaciones de emergencia ha de haber pro­tocolos específicos, porque la forma de evacuar y de dar servicio a las personas con discapacidad en estas situa­ciones tiene que venir contemplada de manera exclusiva y exhaustiva.

Y por último, queremos garantizar la accesibilidad a edificios y otras instalaciones abiertas al público. Para ello vamos a asegurar la asistencia a personas con dis­capacidad y la accesibilidad a través de medios técnicos, como la señalización de los espacios y equipamientos de edificios. Permítanme además que señale en este orden de cosas que ha sido recientemente aprobado el nuevo Código técnico de edificación, y uno de los ele­mentos fundamentales, además de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el ahorro energético y la eficiencia energética, es la plena accesibilidad de las nuevas edificaciones para las personas con discapacidad.

Este ha sido además un ele­mento trabajado de manera profunda con el CERMI. El propio CERMI ha felicitado al Gobierno porque no es común encontrar en los países de nuestro entorno normas como estas, que garanticen la accesibilidad global de los nuevos edificios.

También tenemos que reformar en esta misma línea la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar que las personas con discapacidad en nuestro país puedan poner un ascensor o poner una rampa en los edificios cuando lo necesitan. Es cierto que tenemos que cuidar a la vez que esto no suponga un menoscabo económicamente insostenible para el resto de vecinos, pero también es verdad que no podemos mantener la situación actual, en la cual personas con discapacidad que necesitan el ascensor no pueden obtenerlo por bloqueo de los propios vecinos.

¿Qué pasos vamos a seguir a partir de ahora? Básicamente —como ustedes ven— esto afecta a normas de distinto rango; afecta a órdenes ministeriales, a reales decretos, a leyes ordina­rias y a leyes orgánicas. Eso va a hacer que tengamos que hacer un tratamiento diferenciado para cada una de ellas. Habrá una primera gran reforma, donde va a ir el cuerpo sustancial de las reformas legislativas en una ley, que recoja los distintos tratamientos legislativos de los que acabamos de hablar; una segunda, que son reformas de reglamentos, que recojan los cam­bios que afecten a ese nivel; y una tercera, que son las que afectan a leyes orgánicas.

Como ustedes saben, muchas de las leyes orgánicas solo pueden ser refor­madas mediante una reforma específica de la propia; no puede haber una ley ómnibus de leyes orgánicas, sino que tiene que ser mediante reformas especí­ficas. Actualmente hay leyes que ya se están tramitando.

Nuestro objetivo es cumplir todo el cambio normativo de ese informe iterministerial, y hacerlo lo antes posible.


Mucha gracias, Sras y Sres.



Madrid 29 de Abril de 2010